La composición de la Corte Constitucional está próxima a experimentar un reacomodo clave con la elección, este 3 de septiembre, del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. La decisión del Senado será clave para el último año del Gobierno que en la actualidad tiene una ligera ventaja en votaciones claves.
Actualmente, en el grupo más favorable al Ejecutivo se ubican magistrados como Héctor Carvajal, exdefensor de Gustavo Petro; Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia; y Juan Carlos González, identificado con una línea liberal. Con ellos, la administración Petro cuenta con un leve respaldo dentro de la corporación.
En un punto más neutral están los magistrados Natalia Ángel, Miguel Polo Rosero y Lina Escobar, con hojas de vida centradas en la academia y la rama judicial, y sin señales claras de militancia política. Suelen ubicarse en posiciones de análisis jurídico más técnico que ideológico.
Del otro lado, en el espectro más crítico frente al gobierno, se encuentran los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, quien ha cuestionado de manera consistente políticas como la Paz Total o la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. A sus posturas suelen sumarse Paola Andrea Meneses y el propio José Fernando Reyes Cuartas, quien dejará su silla a comienzos de septiembre.
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En este escenario, la elección del nuevo magistrado es decisiva. Los ternados por la Corte Suprema de Justicia son el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, la magistrada del Tribunal Superior de Buga María Patricia Balanta Medina y el abogado y conjuez Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Aunque los tres llegan con credenciales sólidas, sus respaldos políticos marcan la diferencia.
Hasta ahora, Camargo ha logrado apoyos de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y un sector del Liberalismo, lo que lo ubica como el candidato de mayor fuerza en el sector opositor al Gobierno.
Balanta, por su parte, ha recibido respaldo de La U y podría atraer al Pacto Histórico, a una parte mayoritaria de la Alianza Verde y a otra fracción liberal, lo que la convierte en la opción más favorable para los intereses del Ejecutivo. Tobar, aunque aparece en la lista, no ha logrado proyectar un apoyo político amplio que lo acerque a la recta final.
Si Camargo resulta elegido, el bloque opositor pasaría a cuatro sillas, recortando la ventaja oficialista. En cambio, si Balanta llega al cargo, el Gobierno podría consolidar una mayoría más holgada que le daría mayor margen de maniobra en fallos clave que llegarán a revisión del tribunal.
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En conclusión, lo que está en juego no es solo la elección de un magistrado más, sino la correlación de fuerzas dentro de una Corte que en los últimos años ha asumido un papel central en la definición de políticas públicas, la revisión de reformas y el control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo.
En principio, estas inclinaciones no debería traducirse en votos a la hora de fallar, ya que los magistrados están llamados a decidir con base en la Constitución y no en afinidades ideológicas.
En un punto más neutral están los magistrados Natalia Ángel, Miguel Polo Rosero y Lina Escobar, con hojas de vida centradas en la academia y la rama judicial, y sin señales claras de militancia política. Suelen ubicarse en posiciones de análisis jurídico más técnico que ideológico.
Del otro lado, en el espectro más crítico frente al gobierno, se encuentran los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, quien ha cuestionado de manera consistente políticas como la Paz Total o la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. A sus posturas suelen sumarse Paola Andrea Meneses y el propio José Fernando Reyes Cuartas, quien dejará su silla a comienzos de septiembre.
En este escenario, la elección del nuevo magistrado es decisiva. Los ternados por la Corte Suprema de Justicia son el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, la magistrada del Tribunal Superior de Buga María Patricia Balanta Medina y el abogado y conjuez Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Aunque los tres llegan con credenciales sólidas, sus respaldos políticos marcan la diferencia.
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Hasta ahora, Camargo ha logrado apoyos de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y un sector del Liberalismo, lo que lo ubica como el candidato de mayor fuerza en el sector opositor al Gobierno.
Balanta, por su parte, ha recibido respaldo de La U y podría atraer al Pacto Histórico, a una parte mayoritaria de la Alianza Verde y a otra fracción liberal, lo que la convierte en la opción más favorable para los intereses del Ejecutivo. Tobar, aunque aparece en la lista, no ha logrado proyectar un apoyo político amplio que lo acerque a la recta final.
Si Camargo resulta elegido, el bloque opositor pasaría a cuatro sillas, recortando la ventaja oficialista. En cambio, si Balanta llega al cargo, el Gobierno podría consolidar una mayoría más holgada que le daría mayor margen de maniobra en fallos clave que llegarán a revisión del tribunal.
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En conclusión, lo que está en juego no es solo la elección de un magistrado más, sino la correlación de fuerzas dentro de una Corte que en los últimos años ha asumido un papel central en la definición de políticas públicas, la revisión de reformas y el control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo.
En principio, estas inclinaciones no debería traducirse en votos a la hora de fallar, ya que los magistrados están llamados a decidir con base en la Constitución y no en afinidades ideológicas.
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