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Sospechas de irregularidades en San Andrés
Procuraduría General investiga la habilitación de centros médicos para favorecer a dos IPS privadas. ¿Qué pasó?
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Según la IPS Universitaria, aún hay alrededor de $12.000 millones en cuentas por cobrar en la isla. FOTO Juan A Sánchez
15 de noviembre de 2019
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En San Andrés, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a un convenio de la Gobernación con dos IPS, por considerar que hay presuntas irregularidades en los contratos.
A juicio del organismo de control, el gobierno departamental habría “entregado la infraestructura médico y asistencial del departamento, para su explotación gratuita, a Salud Global IPS y Sermedic IPS SAS, para la venta de servicios de salud en la isla, lo cual les ha generado ingresos por más de $38 mil millones al año”.
El ministerio público, además, advirtió que encontró evidencias que podrían comprobar las irregularidades en los contratos firmados entre la Gobernación con la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia.
“El convenio determinaba que la institución prestadora de salud debía gestionar los hospitales públicos del departamento, pero la administración de estos fue asignada, al parecer, de manera irregular, a dos IPS privadas, que hasta el momento los han explotado en forma totalmente gratuita”, afirma la Procuraduría.
Al respecto, la directora de la IPS Universitaria, Marta Ramírez, señaló que la Procuraduría está bien en su labor de investigar y advertir, “pero la IPS, por su parte, ha sido la única institución en el país que ha estado al frente de la salud de San Andrés”, desvirtuando los señalamientos de la Procuraduría.
Ramírez también destacó que la operación que allí se realiza es “difícil, ya que no está equilibrada y ha tenido dificultades”.
Llamado de la IPS
Ramírez desmiente a la Procuraduría, destacando que la entrega de los servicios hospitalarios no fue gratuita, sino que “hay una contraprestación de $105 millones de pesos, que deben ser aplicados en mantenimiento preventivo”.
Pero en este punto se enfrentaron con un problema, pues dadas las dificultades de salud que se tienen en la isla, el mantenimiento preventivo no se logra, porque los elementos empleados ya están dañados, entonces tienen que aplicar “mantenimiento correctivo”.
Sin embargo, la Procuraduría destaca que “resulta censurable que el negocio jurídico fuera entregado mediante contratación directa”. Sin embargo, la directora de la IPS responde que “somos los únicos que estamos en San Andrés, porque nadie se presenta a las licitaciones” a pesar de ser un contrato “desequilibrado”.
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