Dos horas después de la explosión de un camión bomba junto a la escuela Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial, en Cali, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y los Batallones de Inteligencia Militar (Baimi) empezaron a enviar radiogramas clasificados a las bases de las Fuerzas Militares y las comandancias de Policía del país, especialmente a las ubicadas en las principales capitales. El mensaje era claro: máxima alerta en los alrededores, ante la inminencia de otros ataques terroristas. En Medellín, Bogotá y Popayán se activaron las fuentes humanas y sistemas de defensa, de manera sutil para no esparcir el pánico en la población civil.
La alarma generó temor en muchos uniformados, que apenas se estaban reponiendo del impacto moral que les dejó la emboscada con tatucos, drones y ráfagas de fusil que mató a 13 policías que erradicaban coca en la vereda Los Toros, de Amalfi, Antioquia. Sucedió a las 10:00 a.m. del 22 de agosto, y a las cinco horas y media explotó la bomba que aniquiló a seis personas en Cali y dejó heridas a más de 60.
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El primer incidente fue ejecutado por el frente 36, organización adscrita a la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).
Y el segundo, por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la otra disidencia fariana que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
Esa noche, tal cual le comentaron varios agentes a EL COLOMBIANO, los encargados de Inteligencia Preventiva y Tácticas Antiterrorismo no conciliaron el sueño.
Y al amanecer del viernes, otro estruendo les rompió la vigilia. A una cuadra de la Alcaldía de Florencia, Caquetá, un artefacto explosivo improvisado destruyó las fachadas de varios establecimientos comerciales, aunque sin heridos.
Estos hechos no son aislados, sino la continuidad de escaladas terroristas, planes pistola e incursiones armadas n pueblos que, por mencionar solo los hechos de 2025, que ya sacudieron al país en abril, mayo y junio.
¿A qué se debe esta ofensiva sostenida de los grupos armados ilegales?
“Estas organizaciones están en proceso de crecimiento. Aprovecharon los ceses al fuego y que se bajó la guardia con la ‘paz total’, por así decirlo, para incrementar el reclutamiento, copar más territorio y demostrar más poder de guerra”, expresó uno de los agentes entrevistados, cuya identidad pidió reservar.
“Estos grupos son multimillonarios, esa es la verdad. El narcotráfico y la minería ilegal están dando más plata que nunca, y eso les permite tener mucha capacidad de guerra, tienen armamento más potente, incluso implementaron su estrategia de drones con explosivos. Nosotros, en cambio, estamos peleando con menos recursos”, acotó otro.
Según un reciente informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), elaborado por las Fuerzas Militares y el cual plasma el conteo de enemigos y sus zonas de influencia, los principales grupos criminales tienen cerca de 22.000 integrantes, repartidos en 562 municipios de 29 departamentos. En el último año, el aumento de combatientes ilegales fue cercano a los 1.000.
Este empoderamiento tiene múltiples causas, que van desde conflictos y divisiones internas en esos grupos, que los obligan a tomar nuevas posiciones en el terreno; la reducción del presupuesto para Defensa, cercana al 30%; hasta una floja política de seguridad, parasitaria del proyecto político de la “paz total”.
Los últimos atentados desataron nuevas críticas de opositores, analistas y ciudadanos en general frente a la ineficacia de esa estrategia para frenar la violencia. Aún así, el Gobierno no parece dispuesto a cambiar de plan.
Prueba de ello es que al día siguiente de la masacre de Amalfi, los delegados del Gobierno y el EMBF se reunieron en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá, para continuar su mesa de diálogos. El séptimo ciclo de conversaciones irá hasta el 25 de agosto. Como si nada hubiera pasado.
La tolerancia de la Casa de Nariño con este grupo y su jefe “Calarcá” raya en la impunidad. El pasado 27 de abril, en el sector Guanapalo, de Guaviare, su cuadrilla mató a siete militares; el 12 de mayo quemaron un bus en Puerto Rico, Caquetá, incinerando a un militar que iba de pasajero; y esta semana mataron a los 13 policías en Amalfi.
Cada vez que estas cosas ocurren, la postura del Gobierno es cerrar filas frente a la “paz total”, argumentando que es necesaria para evitar que los crímenes sigan pasando.
Estrategia fallida de seguridad
La sensación de inseguridad ya está instalada en la mente de los colombianos. La encuesta Invamer de agosto muestra que el 32% de los colombianos considera el orden público como el principal problema del país.
El estudio señala que el 84% de los encuestados percibe que la inseguridad está empeorando y que el 79% cree que la situación con la guerrilla va en retroceso.
Aunque los atentados no son algo exclusivo de este año, este periodo parece ser uno que resaltará con diferencia a los anteriores. De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, los casos de terrorismo han aumentado de manera sostenida en los últimos tres años. En 2023 se registraron 839 casos, en 2024 la cifra ascendió a 1.126 y en lo corrido de 2025 (enero a junio) ya se contabilizan 728 hechos, 12% más que en el mismo periodo de 2024.
El comparativo mensual refleja que, salvo en mayo, cada mes de 2025 ha tenido más casos que el mismo mes del año anterior. En enero fueron 95 frente a 57 de 2024; en febrero, 94 frente a 64; en marzo, 90 frente a 73; en abril, 115 frente a 105; en junio, 115 por 107; y en julio, ambos años marcaron 137. Esta tendencia confirma que los atentados y actos terroristas no se han reducido, sino que han superado las cifras de los últimos dos años, es decir, durante el mandato de Gustavo Petro y la implementación de la “paz total”.
Sobre la situación de inseguridad que atraviesa el país, en EL COLOMBIANO hablamos con diferentes expertos.
El profesor en Criminalística, Jorge Avendaño, de la Universidad de Medellín, señaló que lo ocurrido es resultado de un conjunto de factores: la reducción del presupuesto en materia de seguridad, la falta de una política criminal sólida y los procesos de paz que, en su criterio, no han logrado que los grupos en armas cesen sus acciones.
“Volvimos a los carrobombas y a los ataques indiscriminados. Retrocedimos aproximadamente 30 años en materia de seguridad”, advirtió.
En la misma línea, el profesor Olmer Muñoz, de la Universidad Pontificia Bolivariana, sostuvo que la estrategia de “paz total” ha generado ambigüedad y confusión en la Fuerza Pública, porque el Gobierno ha tratado a grupos como el ELN, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc como actores políticos, cuando en la práctica actúan como organizaciones terroristas y narcotraficantes.
Esa indefinición, recalcó, impide una respuesta contundente y ha facilitado el incremento de los atentados.
“El presidente Petro los ha considerado siempre como actores políticos y no como lo que son hoy: agentes del terrorismo y del narcotráfico. Esa ambigüedad tiene a los organismos de seguridad y defensa del país en grave confusión”, afirmó.
Enrique Ramírez, especialista en seguridad y contraterrorismo, mencionó que las tropas se encuentran desmoralizadas y con recursos limitados para operar, lo que ha debilitado su capacidad de respuesta.
Denunció que en regiones como el Catatumbo (Norte de Santande) los grupos armados cuentan con un poder económico superior, alimentado por la coca y por nuevas formas de crimen organizado, mientras las brigadas militares enfrentan recortes de más del 30% en su presupuesto operativo.
Además, alertó sobre el uso cada vez más frecuente de drones con explosivos y la reaparición de estructuras paramilitares que podrían escalar aún más la confrontación.
El resultado, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es un conflicto cada vez más atomizado y fragmentado, con al menos 14 zonas del país en disputa —el doble que al inicio del actual gobierno— y con actores armados que pelean no solo corredores estratégicos, sino el control social y económico en los territorios. La conjunción de atentados crecientes, expansión territorial y desarticulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad ha configurado lo que el propio informe califica como una “tormenta perfecta”.
Con más de 700 atentados en lo corrido de 2025 y un repunte sostenido en la curva de violencia, Colombia enfrenta un escenario en el que los grupos armados ilegales no solo no han cedido en su accionar, sino que han consolidado su poder territorial y su capacidad de ejecutar ataques simultáneos en distintas regiones. El país atraviesa un nuevo ciclo de violencia, marcado por la persistencia del terrorismo interno y por la dificultad del Estado para contenerlo de manera efectiva.
Y en medio de esa crisis, la Casa de Nariño no da signos de querer modificar su estrategia contra el crimen, sino insistir en mesas de paz que hasta ahora solo han empoderado al terrorismo.
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