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Tras 36 horas liberaron a los 84 secuestrados en Caquetá: ahora vienen las investigaciones

La guardia campesina de San Vicente del Caguán accedió a la condición del Gobierno Petro y liberó a 78 policías y 6 civiles. Ahora, los crímenes están en manos de autoridades que investigan aparentes fallas.

  • Tras la firma de un protocolo, los campesinos entregaron a los secuestrados a una comisión de la Defensoría del Pueblo. “Las personas recibidas se encontraban en aparente buenas condiciones”, destacó la entidad. FOTO Ministerio de Defensa

    Tras la firma de un protocolo, los campesinos entregaron a los secuestrados a una comisión de la Defensoría del Pueblo. “Las personas recibidas se encontraban en aparente buenas condiciones”, destacó la entidad.

    FOTO Ministerio de Defensa

  • Tras 36 horas liberaron a los 84 secuestrados en Caquetá: ahora vienen las investigaciones
  • Tras 36 horas liberaron a los 84 secuestrados en Caquetá: ahora vienen las investigaciones
04 de marzo de 2023
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Tuvieron que pasar casi 36 horas para que los campesinos que llevan más de 40 días protestando en San Vicente del Caguán, Caquetá, dejaran en libertad a 84 personas, 78 de ellas policías y 6 civiles. Lo anterior, tras una delicada y tensa situación de orden público que el jueves alcanzó su punto de mayor ebullición con el crimen de un policía y un campesino en medio de los enfrentamientos.

Fue de tal calibre lo ocurrido que el presidente Gustavo Petro envió a sus más altos funcionarios para concretar las liberaciones, apaciguar los ánimos y clamar por vías de diálogo. Hechos de esta gravedad son solo una muestra de los conflictos sociales que se siguen acentuando en “el gobierno del cambio” y que una vez más tienen a la violencia como protagonista.

Y es que lo que comenzó el jueves como una protesta campesina en reclamo por la pavimentación de una vía y mayor inversión social, terminó de forma fatal: el subintendente Ricardo Monroy y el campesino Reinel Arévalo asesinados, el incendio de las instalaciones de la petrolera china Esmerald Energy y el secuestro, durante casi 36 horas, de las 84 personas, en su mayoría policías.

Si bien el Presidente ordenó a primera hora del viernes que se desplazaran a la zona varios ministros, entre ellos Iván Velásquez (Defensa) e Interior (Alfonso Prada), así como altos mandos militares, no fue sino hasta las 5:00 de la tarde que los funcionarios, al término de un puesto de mando unificado (PMU), lograron concretar su tarea: lograr la liberación de los secuestrados.

El propio Petro confirmó la liberación tras asistir a un evento en San Andrés, desde donde destacó las gestiones de sus ministros del Interior y Defensa, a la vez que anunció que se trasladaría a la zona para dialogar directamente con los campesinos. De acuerdo con el Jefe de Estado, cualquier acción violenta “destruye los caminos de la paz”.

“Este es un gesto que debe llevar a un replantamiento de muchos temas alrededor del tratamiento del conflicto social en Colombia. Le digo a todo el movimiento popular en general (campesino, rural y urbano) que este es un gobierno para dialogar. Este es un gobierno que les pertenece. En esa medida, las acciones violentas prácticamente lo que hacen es destruir la posibilidad no solamente de tener un gobierno popular progresista, sino los caminos mismos de la paz”, explicó el Mandatario.

Previamente, el Presidente había advertido que, de no concretarse la liberación, se podría propiciar “una nueva escalada de violencia. Según Petro, detrás de los dos crímenes está un “movimiento popular que, por su exclusión y el influjo de grupos que quieren destruir este Gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando un joven policía campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”.

Frente a la liberación de los secuestrados, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le confirmó a este diario que los 6 empleados de la petrolera china eran de origen colombiano. Posteriormente, la entidad –a través de un comunicado de prensa– reveló que recibió a los 84 secuestrados y pudo corroborar que “las personas recibidas se encontraban en aparente buenas condiciones físicas”.

Adicionalmente, informó que entre el Gobierno y las organizaciones sociales se firmó un protocolo de derechos humanos y buen trato.

“El llamado al Gobierno Nacional y a las comunidades campesinas es a mantener y fortalecer los espacios de diálogo con el fin de lograr que situaciones tan lamentables como las ocurridas se vuelvan a presentar”, declaró Camargo.

¿Hubo omisión?

Tras los crímenes del subintendente Ricardo Arley Monroy (quien fue atacado con un arma blanca) y del campesino Reinel Arévalo –quienes perdieron la vida en medio de los enfrentamientos–, la Fiscalía conformó un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer no solo los homicidios, sino los secuestros y hechos de violencia que se registraron durante las protestas. Precisamente, Petro instó al ente acusador a investigar e individualizar a los responsables de los crímenes para que sean juzgados.

Arquímedes Monroy, padre del uniformado asesinado, responsabilizó al gobierno Petro: “Esa es su paz, (la) que nos está dando, quitándonos los hijos, quitándole a la Policía las armas, mandándolos como carne de cañón allá para que nos los maten”, reclamó en entrevista con Noticias Caracol.

Ante ello, la Procuraduría abrió una indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados que atendieron los enfrentamientos. Justamente, desde el jueves se hizo viral un angustioso audio en el que uno de los policías reclamaba a sus superiores por la falta de apoyo en medio de la confrontación: “No hay derechos humanos, no existen. Tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando? ¿que nos acaben a todos? No puede ser posible, central”.

En medio de los anuncios, el ministro del Interior reconoció que en las protestas participaron uniformados que hacen parte de la denominada UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), quienes son “la evolución del Esmad” y que permanecen desarmados: “Son una organización diseñada y creada por la Policía que tiene como objetivo precisamente estar desarmada y en diálogo permanente, promoviendo la integración con la comunidad”.

Esa circunstancia –estar desarmados y no poder ostentar el legítimo uso de la fuerza– sería según el exministro de Defensa, Diego Molano, la razón del secuestro de los 76 agentes y de los 2 homicidios.

“Los dejaron sin armas y estaban a punta de escudos, y los terminaron copando. Se deben revisar los protocolos y el direccionamiento de la Fuerza Pública para poder cumplir con su función. Por cuenta de los ceses al fuego y la política de paz total las autoridades no tienen certeza de cómo actuar, están maniatados”, alertó Molano, quien dijo que sin cómo defenderse y cómo proteger a la ciudadanía y los bienes públicos y privados, “se mina la autoridad y moral de la Policía”.

Inclusive, desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), presentó una denuncia en contra de los integrantes de la guardia campesina, a quienes calificó como “criminales”, a la vez que alertó por una supuesta complacencia del gobierno Petro “con los bandidos”.

“Todos los colombianos vimos horrorizados las imágenes en el Caquetá. Denunciamos a estos salvajes y terroristas disfrazados de guardia campesina por desplazamiento, invasión a propiedad privada, crimen ambiental, secuestro, tortura, asesinato y amenazas a la Fuerza Pública”.

Disidencias, ¿las responsables?

En medio de las protestas, surgió una versión de una posible infiltración de las disidencias de las Farc, que según esas mismas versiones habría permeado el movimiento social e indígena, pero que ninguna autoridad confirmó o desmintió.

Si bien el ministro Alfonso Prada enmarcó los enfrentamientos que derivaron en los crímenes y secuestros como “un conflicto entre una empresa y una comunidad”, hay voces que advierten que detrás de los hechos violentos estarían las disidencias de las Farc.

El exministro Diego Molano señaló con nombre propio que detrás de los enfrentamientos estarían Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” –considerado el sucesor de “Gentil Duarte”–, así como Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, quienes se estarían aprovechando de “la ausencia de seguridad” para imponer control en medio de los acercamientos de paz.

En esa línea, el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, pidió a las autoridades judiciales investigar si detrás de las guardias campesinas hay influencia de las disidencias: “Sí hay rumores, pero les corresponde a los organismos investigativos aclarar este tema”, explicó, al lamentar que durante las protestas hubo bombas molotov que terminaron por afectar el 90 % de la estructura de la petrolera Esmerald Energy.

En respuesta, el ministro Prada defendió que, según los informes de inteligencia, detrás de las movilizaciones únicamente hay miembros de organizaciones de campesinos que históricamente han habitado el territorio.

“Hay una guardia campesina que ha estado siendo satanizada de forma muy grave y estigmatizante. Estas guardias son un mecanismo de autoprotección, incluso contra grupos armados en el territorio. Ellos se protegen en forma legítima”, declaró.

No obstante, Prada reconoció que alrededor de los territorios donde hacen presencia esas guardas, “a unas horas de allí”, se mueven estructuras delincuenciales y grupos ilegales “que los hostigan, los combaten y los asesinan”.

Aunque el funcionario sostuvo que están actuando con extremo cuidado para no estigmatizar al movimiento social, señaló que “tampoco se puede caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación de quienes pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”.

La crisis que desnuda lo ocurrido en San Vicente del Caguán se replica en otras partes del país (ver recuadros) y pone de presente las dificultades y desafíos a los que se enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, que logró conquistar el poder en medio de las altas expectativas de cambio.

Aunque en seis meses no se saldan deudas históricas, lo ocurrido durante lo que va del mandato del Presidente da muestras que, lejos de reducirse, crecen las conflictividades sociales con saldos cada vez más trágicos

Tuvieron que pasar casi 36 horas para que los campesinos que llevan más de 40 días protestando en San Vicente del Caguán, Caquetá, dejaran en libertad a 84 personas, 78 de ellas policías y 6 civiles. Lo anterior, tras una delicada y tensa situación de orden público que el jueves alcanzó su punto de mayor ebullición con el crimen de un policía y un campesino en medio de los enfrentamientos.

Fue de tal calibre lo ocurrido que el presidente Gustavo Petro envió a sus más altos funcionarios para concretar las liberaciones, apaciguar los ánimos y clamar por vías de diálogo. Hechos de esta gravedad son solo una muestra de los conflictos sociales que se siguen acentuando en “el gobierno del cambio” y que una vez más tienen a la violencia como protagonista.

Y es que lo que comenzó el jueves como una protesta campesina en reclamo por la pavimentación de una vía y mayor inversión social, terminó de forma fatal: el subintendente Ricardo Monroy y el campesino Reinel Arévalo asesinados, el incendio de las instalaciones de la petrolera china Esmerald Energy y el secuestro, durante casi 36 horas, de las 84 personas, en su mayoría policías.

Si bien el Presidente ordenó a primera hora del viernes que se desplazaran a la zona varios ministros, entre ellos Iván Velásquez (Defensa) e Interior (Alfonso Prada), así como altos mandos militares, no fue sino hasta las 5:00 de la tarde que los funcionarios, al término de un puesto de mando unificado (PMU), lograron concretar su tarea: lograr la liberación de los secuestrados.

Lea también: ¿Por qué están protestando los indígenas en San Vicente del Caguán?

El propio Petro confirmó la liberación tras asistir a un evento en San Andrés, desde donde destacó las gestiones de sus ministros del Interior y Defensa, a la vez que anunció que se trasladaría a la zona para dialogar directamente con los campesinos. De acuerdo con el Jefe de Estado, cualquier acción violenta “destruye los caminos de la paz”.

El mismo día que los campesinos de Caquetá retuvieron a los 78 policías, en Antioquia estalló un paro minero, en el Bajo Cauca, en el que mineros artesanales prendieron llantas y armaron barricadas en la vía que conduce a la Costa desde el departamento. El epicentro de las protestas está Tarazá y en Caucasia y los manifestantes piden hablar con el Gobierno Nacional para que frene los operativos contra la minería ilegal en la zona. El tono de la situación se ha elevado a un punto que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostiene que esa movilización tiene participación del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante transnacional con el que el Gobierno Petro pretende negociar la paz.

“Queremos ser escuchados por el Gobierno Nacional, en cabeza del doctor Petro. No estamos solo por los que trabajan con maquinaria amarilla, sino también con el barequero (...) Nuestra invitación es a construir sobre lo construido”, comentó Saúl Bedoya, uno de los líderes del paro.

Desde la Gobernación de Antioquia sostienen que el Clan del Golfo está “chantajeando los mineros” para que mantengan la parálisis en esa troncal del departamento.

“Este es un gesto que debe llevar a un replantamiento de muchos temas alrededor del tratamiento del conflicto social en Colombia. Le digo a todo el movimiento popular en general (campesino, rural y urbano) que este es un gobierno para dialogar. Este es un gobierno que les pertenece. En esa medida, las acciones violentas prácticamente lo que hacen es destruir la posibilidad no solamente de tener un gobierno popular progresista, sino los caminos mismos de la paz”, explicó el Mandatario.

Previamente, el Presidente había advertido que, de no concretarse la liberación, se podría propiciar “una nueva escalada de violencia. Según Petro, detrás de los dos crímenes está un “movimiento popular que, por su exclusión y el influjo de grupos que quieren destruir este Gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando un joven policía campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”.

Frente a la liberación de los secuestrados, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le confirmó a este diario que los 6 empleados de la petrolera china eran de origen colombiano. Posteriormente, la entidad –a través de un comunicado de prensa– reveló que recibió a los 84 secuestrados y pudo corroborar que “las personas recibidas se encontraban en aparente buenas condiciones físicas”.

Adicionalmente, informó que entre el Gobierno y las organizaciones sociales se firmó un protocolo de derechos humanos y buen trato.

“El llamado al Gobierno Nacional y a las comunidades campesinas es a mantener y fortalecer los espacios de diálogo con el fin de lograr que situaciones tan lamentables como las ocurridas se vuelvan a presentar”, declaró Camargo.

¿Hubo omisión?

Tras los crímenes del subintendente Ricardo Arley Monroy (quien fue atacado con un arma blanca) y del campesino Reinel Arévalo –quienes perdieron la vida en medio de los enfrentamientos–, la Fiscalía conformó un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer no solo los homicidios, sino los secuestros y hechos de violencia que se registraron durante las protestas. Precisamente, Petro instó al ente acusador a investigar e individualizar a los responsables de los crímenes para que sean juzgados.

Arquímedes Monroy, padre del uniformado asesinado, responsabilizó al gobierno Petro: “Esa es su paz, (la) que nos está dando, quitándonos los hijos, quitándole a la Policía las armas, mandándolos como carne de cañón allá para que nos los maten”, reclamó en entrevista con Noticias Caracol.

Ante ello, la Procuraduría abrió una indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados que atendieron los enfrentamientos. Justamente, desde el jueves se hizo viral un angustioso audio en el que uno de los policías reclamaba a sus superiores por la falta de apoyo en medio de la confrontación: “No hay derechos humanos, no existen. Tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando? ¿que nos acaben a todos? No puede ser posible, central”.

Con miras a la semana que comienza, el Gobierno prometió ponerle la lupa a otro foco de conflictividad social. Para el próximo 9 de marzo está programado un PMU en La Mojana en donde las comunidades están a punto de comenzar una nueva protesta para pedir atención del Gobierno por las inundaciones constantes. Ese foco de desazón social une a pobladores de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, que han estado afectado durante años por la falta de obras de mitigación en el sector.

La entidad que le puso el ojo a esa región es el Ungrd, que esta semana informó que “el gobernador de Sucre y los líderes del denominado ‘Pacto por La Mojana’, insisten en el cierre del chorro de “Caregato” con el apoyo de grandes empresarios para mantener el mismo tipo de soluciones y de confinamiento del rio Cauca, que siempre han fallado, condenando de esta manera a las familias a inundaciones recurrentes como ha sucedido en 1989, 1998, 2005, 2010-2011 y 2021- 2023”, según dijo su director, Javier Pava.

El próximo PMU tiene como objetivo buscar soluciones a las inundaciones para evitar que se abra otro foco de manifestaciones.

En medio de los anuncios, el ministro del Interior reconoció que en las protestas participaron uniformados que hacen parte de la denominada UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), quienes son “la evolución del Esmad” y que permanecen desarmados: “Son una organización diseñada y creada por la Policía que tiene como objetivo precisamente estar desarmada y en diálogo permanente, promoviendo la integración con la comunidad”.

Esa circunstancia –estar desarmados y no poder ostentar el legítimo uso de la fuerza– sería según el exministro de Defensa, Diego Molano, la razón del secuestro de los 76 agentes y de los 2 homicidios.

“Los dejaron sin armas y estaban a punta de escudos, y los terminaron copando. Se deben revisar los protocolos y el direccionamiento de la Fuerza Pública para poder cumplir con su función. Por cuenta de los ceses al fuego y la política de paz total las autoridades no tienen certeza de cómo actuar, están maniatados”, alertó Molano, quien dijo que sin cómo defenderse y cómo proteger a la ciudadanía y los bienes públicos y privados, “se mina la autoridad y moral de la Policía”.

Inclusive, desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), presentó una denuncia en contra de los integrantes de la guardia campesina, a quienes calificó como “criminales”, a la vez que alertó por una supuesta complacencia del gobierno Petro “con los bandidos”.

“Todos los colombianos vimos horrorizados las imágenes en el Caquetá. Denunciamos a estos salvajes y terroristas disfrazados de guardia campesina por desplazamiento, invasión a propiedad privada, crimen ambiental, secuestro, tortura, asesinato y amenazas a la Fuerza Pública”.

Disidencias, ¿las responsables?

En medio de las protestas, surgió una versión de una posible infiltración de las disidencias de las Farc, que según esas mismas versiones habría permeado el movimiento social e indígena, pero que ninguna autoridad confirmó o desmintió.

Si bien el ministro Alfonso Prada enmarcó los enfrentamientos que derivaron en los crímenes y secuestros como “un conflicto entre una empresa y una comunidad”, hay voces que advierten que detrás de los hechos violentos estarían las disidencias de las Farc.

El exministro Diego Molano señaló con nombre propio que detrás de los enfrentamientos estarían Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” –considerado el sucesor de “Gentil Duarte”–, así como Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, quienes se estarían aprovechando de “la ausencia de seguridad” para imponer control en medio de los acercamientos de paz.

En esa línea, el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, pidió a las autoridades judiciales investigar si detrás de las guardias campesinas hay influencia de las disidencias: “Sí hay rumores, pero les corresponde a los organismos investigativos aclarar este tema”, explicó, al lamentar que durante las protestas hubo bombas molotov que terminaron por afectar el 90 % de la estructura de la petrolera Esmerald Energy.

En respuesta, el ministro Prada defendió que, según los informes de inteligencia, detrás de las movilizaciones únicamente hay miembros de organizaciones de campesinos que históricamente han habitado el territorio.

Esta semana, ante el recrudecimiento de la violencia, en Arauca fue convocada una marcha para pedir al Gobierno Petro que les brinde garantías de seguridad a los pobladores y que su voz sea escuchada en los diálogos de paz que adelanta el Ejecutivo con el ELN en México. Se trata de una zona marcada por la violencia y la conflictividad social, donde no solo hace presencia la guerrilla, sino disidencias de las Farc que frecuentemente protagonizan enfrentamientos.

“La violencia en nuestra región la ha destinado al olvido de la sociedad Colombia. Por tanto, la sociedad araucana reclama respeto por la vida, la dignidad y la paz, pues este es el camino al progreso de nuestra región, y solo abrazándonos y uniéndonos en una sola voz podremos posicionar la paz y el desarrollo regional”, manifestó la comunidad.

Por otro lado, en Cauca las alertas están encendidas por el recrudecimiento de la violencia. Según denunció esta semana el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2023 han sido asesinados tres líderes sociales. Solo el año pasado la región enfrentó los crímenes de 24 líderes y 15 masacres que dejaron 48 víctimas. Las alertas siguen encendidas.

“Hay una guardia campesina que ha estado siendo satanizada de forma muy grave y estigmatizante. Estas guardias son un mecanismo de autoprotección, incluso contra grupos armados en el territorio. Ellos se protegen en forma legítima”, declaró.

No obstante, Prada reconoció que alrededor de los territorios donde hacen presencia esas guardas, “a unas horas de allí”, se mueven estructuras delincuenciales y grupos ilegales “que los hostigan, los combaten y los asesinan”.

Aunque el funcionario sostuvo que están actuando con extremo cuidado para no estigmatizar al movimiento social, señaló que “tampoco se puede caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación de quienes pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”.

La crisis que desnuda lo ocurrido en San Vicente del Caguán se replica en otras partes del país (ver recuadros) y pone de presente las dificultades y desafíos a los que se enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, que logró conquistar el poder en medio de las altas expectativas de cambio.

Aunque en seis meses no se saldan deudas históricas, lo ocurrido durante lo que va del mandato del Presidente da muestras que, lejos de reducirse, crecen las conflictividades sociales con saldos cada vez más trágicos.

OTRAS CONFLICTIVIDADES

Arde el Bajo Cauca antioqueño por paro

El mismo día que los campesinos de Caquetá retuvieron a los 78 policías, en Antioquia estalló un paro minero, en el Bajo Cauca, en el que mineros artesanales prendieron llantas y armaron barricadas en la vía que conduce a la Costa desde el departamento. El epicentro de las protestas está Tarazá y en Caucasia y los manifestantes piden hablar con el Gobierno Nacional para que frene los operativos contra la minería ilegal en la zona. El tono de la situación se ha elevado a un punto que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostiene que esa movilización tiene participación del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante transnacional con el que el Gobierno Petro pretende negociar la paz.

“Queremos ser escuchados por el Gobierno Nacional, en cabeza del doctor Petro. No estamos solo por los que trabajan con maquinaria amarilla, sino también con el barequero (...) Nuestra invitación es a construir sobre lo construido”, comentó Saúl Bedoya, uno de los líderes del paro.

Desde la Gobernación de Antioquia sostienen que el Clan del Golfo está “chantajeando los mineros” para que mantengan la parálisis en esa troncal del departamento.

Inundaciones en La Mojana inquietan a sus 68.000 habitantes

Con miras a la semana que comienza, el Gobierno prometió ponerle la lupa a otro foco de conflictividad social. Para el próximo 9 de marzo está programado un PMU en La Mojana en donde las comunidades están a punto de comenzar una nueva protesta para pedir atención del Gobierno por las inundaciones constantes. Ese foco de desazón social une a pobladores de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, que han estado afectado durante años por la falta de obras de mitigación en el sector.

La entidad que le puso el ojo a esa región es el Ungrd, que esta semana informó que “el gobernador de Sucre y los líderes del denominado ‘Pacto por La Mojana’, insisten en el cierre del chorro de “Caregato” con el apoyo de grandes empresarios para mantener el mismo tipo de soluciones y de confinamiento del rio Cauca, que siempre han fallado, condenando de esta manera a las familias a inundaciones recurrentes como ha sucedido en 1989, 1998, 2005, 2010-2011 y 2021- 2023”, según dijo su director, Javier Pava.

El próximo PMU tiene como objetivo buscar soluciones a las inundaciones para evitar que se abra otro foco de manifestaciones.

Ola de Violencia en Arauca genera marchas

Esta semana, ante el recrudecimiento de la violencia, en Arauca fue convocada una marcha para pedir al Gobierno Petro que les brinde garantías de seguridad a los pobladores y que su voz sea escuchada en los diálogos de paz que adelanta el Ejecutivo con el ELN en México. Se trata de una zona marcada por la violencia y la conflictividad social, donde no solo hace presencia la guerrilla, sino disidencias de las Farc que frecuentemente protagonizan enfrentamientos.

“La violencia en nuestra región la ha destinado al olvido de la sociedad Colombia. Por tanto, la sociedad araucana reclama respeto por la vida, la dignidad y la paz, pues este es el camino al progreso de nuestra región, y solo abrazándonos y uniéndonos en una sola voz podremos posicionar la paz y el desarrollo regional”, manifestó la comunidad.

Por otro lado, en Cauca las alertas están encendidas por el recrudecimiento de la violencia. Según denunció esta semana el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2023 han sido asesinados tres líderes sociales. Solo el año pasado la región enfrentó los crímenes de 24 líderes y 15 masacres que dejaron 48 víctimas. Las alertas siguen encendidas.

Con miras a la semana que comienza, el Gobierno prometió ponerle la lupa a otro foco de conflictividad social. Para el próximo 9 de marzo está programado un PMU en La Mojana en donde las comunidades están a punto de comenzar una nueva protesta para pedir atención del Gobierno por las inundaciones constantes. Ese foco de desazón social une a pobladores de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, que han estado afectado durante años por la falta de obras de mitigación en el sector.

La entidad que le puso el ojo a esa región es el Ungrd, que esta semana informó que “el gobernador de Sucre y los líderes del denominado ‘Pacto por La Mojana’, insisten en el cierre del chorro de “Caregato” con el apoyo de grandes empresarios para mantener el mismo tipo de soluciones y de confinamiento del rio Cauca, que siempre han fallado, condenando de esta manera a las familias a inundaciones recurrentes como ha sucedido en 1989, 1998, 2005, 2010-2011 y 2021- 2023”, según dijo su director, Javier Pava.

El próximo PMU tiene como objetivo buscar soluciones a las inundaciones para evitar que se abra otro foco de manifestaciones.

El mismo día que los campesinos de Caquetá retuvieron a los 78 policías, en Antioquia estalló un paro minero, en el Bajo Cauca, en el que mineros artesanales prendieron llantas y armaron barricadas en la vía que conduce a la Costa desde el departamento. El epicentro de las protestas está Tarazá y en Caucasia y los manifestantes piden hablar con el Gobierno Nacional para que frene los operativos contra la minería ilegal en la zona. El tono de la situación se ha elevado a un punto que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostiene que esa movilización tiene participación del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante transnacional con el que el Gobierno Petro pretende negociar la paz.

“Queremos ser escuchados por el Gobierno Nacional, en cabeza del doctor Petro. No estamos solo por los que trabajan con maquinaria amarilla, sino también con el barequero (...) Nuestra invitación es a construir sobre lo construido”, comentó Saúl Bedoya, uno de los líderes del paro.

Desde la Gobernación de Antioquia sostienen que el Clan del Golfo está “chantajeando los mineros” para que mantengan la parálisis en esa troncal del departamento.

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