La familia Calle atraviesa por uno de sus momentos más difíciles en el escenario político nacional. Primero fue Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, quien terminó tras las rejas por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Ahora, su padre, Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano (Córdoba), enfrenta su propio lío. La Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión por tres meses por una supuesta participación indebida en política.
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La medida disciplinaria se dio luego de que circulara un video en el que el mandatario solicitaba respaldo para su movimiento político con miras a las elecciones legislativas.
“La acción del Ministerio Público se dio a raíz de denuncias de medios de comunicación y la comunidad en la que daban cuenta de un video en el que el mandatario pide el apoyo ciudadano para su movimiento político con miras a las elecciones del Congreso de la República”, señala el organismo.
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Lo anterior, llevó al órgano de control a abrirle una investigación formal para determinar si incurrió en faltas disciplinarias o en alguna inhabilidad como servidor público.
En ese sentido, el ente de control requirió la práctica de pruebas para establecer la posible responsabilidad del mandatario.
El enredo político, judicial y ahora disciplinario que rodea a la familia Calle es cada vez más estruendoso. En el escándalo de la UNGRD, Andrés Calle aparece salpicado como posible beneficiario ilegal de un supuesto soborno de 1.000 millones de pesos, dinero que habría salido de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.
Estos recursos, según las denuncias, habrían sido utilizados para financiar las campañas políticas de Gabriel Calle a la alcaldía de Montelíbano y la fallida aspiración de su hijo a la Gobernación de Córdoba.
Asimismo, en el ámbito local, la familia Calle enfrenta una creciente disputa por el control de la hidroeléctrica de Urrá, uno de los activos estratégicos más importantes de la región.
Hasta la reciente caída de Andrés Calle, la familia mantenía una fuerte influencia sobre esta entidad, considerada un bastión de poder económico y político en el sur de Córdoba. Sin embargo, su pérdida de poder en el Congreso y los escándalos judiciales han abierto el terreno para que otros sectores políticos intenten disputar el manejo de esta empresa, intensificando una lucha de poder que trasciende lo electoral y toca intereses profundamente arraigados en la región.
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