La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo que habían recibido protección durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión se tomó después de que la entidad realizara una nueva evaluación de las condiciones de seguridad de los tres. El análisis concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de protección, cuyo costo conjunto para el Estado rondaba los $40 millones cada mes.
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La medida (revelada por el diario El Tiempo) se toma en medio de la controversia que generaron las condiciones bajo las cuales se habían concedido algunos de estos esquemas durante la administración anterior.
El caso de Gabriela Muñoz
Uno de los casos que puso el tema en el centro de la discusión fue el de Gabriela Muñoz, a quien se le asignó protección poco antes de terminar el Gobierno Petro.
La joven había sido vinculada a un grupo político como argumento para acceder al esquema, según la información conocida sobre la decisión. Sin embargo, posteriormente sostuvo que la protección obedecía a amenazas que habría recibido.
Muñoz presentó una denuncia ante la Fiscalía por esas amenazas. No obstante, de acuerdo con fuentes del ente investigador, la Fiscalía no pidió que se le asignara un esquema de seguridad, sino que solicitó una valoración para establecer cuál era su nivel de riesgo.
El caso también había generado cuestionamientos por la cercanía de Muñoz con el petrismo y por señalamientos relacionados con presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
Gabriela Muñoz fue señalada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien la acusó de tener una presunta influencia en decisiones de la Aerocivil.
A estas afirmaciones se sumaron cuestionamientos del representante a la Cámara Daniel Briceño sobre posibles irregularidades en nombramientos dentro de la entidad y sobre la participación de integrantes de la familia Muñoz Olaya. Uno de los hechos mencionados en medio de la controversia fue el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, como auxiliar V de la Aerocivil.
La Procuraduría General de la Nación abrió a finales de julio una indagación previa para establecer si pudieron presentarse irregularidades en procesos de contratación, vinculación de personal y toma de decisiones dentro de la Aerocivil, esta actuación se encuentra en una fase preliminar.
Ante las acusaciones, Gabriela Muñoz ha rechazado los señalamientos y sostiene que los cuestionamientos en su contra hacen parte de una estrategia para afectar su imagen: “No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde”, afirmó.
A pesar del contexto, la UNP determinó que las condiciones que sustentaban la protección ya no eran suficientes para mantenerla.
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