La actuación del Ministerio Público busca establecer si existieron irregularidades al interior de la Aeronáutica Civil, tras denuncias conocidas en los últimos días.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si se presentaron posibles irregularidades en procesos de vinculación de personal, contratación y toma de decisiones dentro de la Aeronáutica Civil.
La actuación fue anunciada por el Ministerio Público tras varias denuncias públicas que señalan una presunta influencia de Gabriela Muñoz Olaya, quien ocupó un cargo asistencial en la entidad, en nombramientos, contratos y reuniones de alto nivel.
De acuerdo con la Procuraduría, esta etapa corresponde a una fase inicial del proceso disciplinario, en la que se busca identificar posibles responsables, verificar los hechos y recopilar elementos probatorios antes de determinar si existe mérito para abrir una investigación disciplinaria formal.
La indagación tiene como propósito establecer si existieron posibles faltas relacionadas con la contratación y el manejo administrativo de la Aeronáutica Civil. Entre los aspectos que serán revisados se encuentra la presunta participación de Gabriela Muñoz en asuntos que, según las denuncias, podrían haber estado por fuera de las funciones del cargo que desempeñaba, así como su posible incidencia en decisiones internas de la entidad.
El Ministerio Público también analizará un presunto tráfico de influencias para favorecer a familiares o personas cercanas mediante nombramientos o contratos de prestación de servicios. De igual manera, evaluará posibles irregularidades en la celebración de contratos, sus modificaciones posteriores y la habilitación de días y horarios no laborales para adelantar procesos contractuales.
Otro de los puntos incluidos en la actuación disciplinaria corresponde a la presunta “desatención al requerimiento de la ministra de Transporte de entregarle información completa, íntegra, oportuna y en el formato requerido para el análisis de la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad”.
La actuación de la Procuraduría se produce después de las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien advirtió sobre posibles irregularidades en varias entidades del Estado, entre ellas la Aeronáutica Civil.
Según esos señalamientos, Gabriela Muñoz habría tenido influencia dentro de la entidad, lo que le habría permitido participar en reuniones de alto nivel y tener incidencia en decisiones administrativas. A esas alertas se sumó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien manifestó que, al solicitar información sobre la contratación de la Aerocivil, recibió documentación incompleta, lo que impedía revisar de manera integral las alertas existentes.
Siga leyendo: En pleno escándalo de Gabriela Muñoz, MinTransporte dice que recibió información “incompleta” de Aerocivil
Como parte de las primeras actuaciones, la Procuraduría ordenó recopilar información relacionada con la vinculación de Gabriela Muñoz Olaya, Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.
Para ello, solicitará las hojas de vida, los actos administrativos de nombramiento, los documentos de contratación, los soportes de experiencia y la información relacionada con posibles conflictos de interés. Además, verificará si algunas de estas personas mantenían vínculos familiares o personales con Gabriela Muñoz y si esas relaciones fueron reportadas conforme a la normativa vigente.
Dentro de la indagación también se revisará un contrato que, de acuerdo con la información conocida por el organismo de control, habría sido suscrito inicialmente por un valor cercano a $400 millones y posteriormente habría sido modificado y adicionado hasta alcanzar aproximadamente $12.000 millones.
La Procuraduría solicitó la documentación técnica, jurídica y financiera correspondiente para establecer las razones que motivaron la contratación, las modificaciones realizadas y los fundamentos que justificaron el incremento del valor del contrato.
Le puede interesar: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero
Como parte de la recolección de pruebas, el Ministerio Público requirió al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil información relacionada con la contratación de prestación de servicios, los nombramientos realizados desde 2025, la participación de Gabriela Muñoz en reuniones institucionales, los contratos que fueron modificados o adicionados y los procesos contractuales adelantados en horarios no laborales.
La Procuraduría también escuchará en declaración a Angie Rodríguez para ampliar los señalamientos que dieron origen a la actuación, así como a otros funcionarios que puedan aportar información sobre las decisiones administrativas adoptadas al interior de la Aeronáutica Civil.
Bloque de preguntas y respuestas:
Regístrate al newsletter 
