El 59 % de los casos de acoso sexual en contextos de poder enfrenta barreras para acceder a la justicia, el 41 % de las víctimas decide no denunciar, el 40 % sufre represalias laborales y el 55 % presenta afectaciones en salud mental, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín, con base en el seguimiento que realiza la entidad a través de su Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder, creado para documentar y acompañar este tipo de casos desde un abordaje psicojurídico.
Entérese: Nuevo fiscal y enfoque en caso contra mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral
Desde su creación, el mecanismo ha acompañado 24 casos, una cifra que, según Marín, ha permitido “dimensionar la magnitud de la vulneración de derechos e identificar patrones de abuso de poder, represalias, afectaciones a la salud mental y desconfianza frente a la respuesta institucional”.
En declaraciones a El Tiempo, la defensora fue directa sobre lo que los números revelan: “Las violencias no están siendo contenidas por las instituciones y encuentran en ellas condiciones que permiten su persistencia. En muchos casos, las entidades se limitan a describir rutas o competencias, sin evidenciar su activación efectiva ni el impacto real de las medidas adoptadas”.
Marín describió el perfil de los agresores: personas ubicadas en “posiciones de poder o superioridad, ya sea jerárquica, laboral, académica, política, económica, mediática, simbólica o espiritual”.
Puede leer: El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga
Ese poder, explicó, se traduce en la capacidad de incidir en la estabilidad laboral, académica o personal de las víctimas, condicionar oportunidades, controlar entornos y, en muchos casos, influir directa o indirectamente en la respuesta institucional, todo ello acompañado de “mecanismos de presión, intimidación, manipulación o coacción”.
Cuando una víctima denuncia, la Defensoría activa un acompañamiento que incluye atención psicosocial, orientación jurídica, gestión ante autoridades competentes y seguimiento continuo.
En casos en que, como forma de represalia, se interponen acciones legales en contra de la víctima —como denuncias por injuria o calumnia—, la entidad asigna representación judicial o defensa técnica. Además, exige a las instituciones involucradas medidas de protección frente al agresor, garantías de no represalia y prevención de escenarios de revictimización.
La defensora resumió la situación con una frase que sintetiza el diagnóstico institucional: “Las instituciones están permitiendo la persistencia de estas violencias basadas en género”.
Entérese: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual
En las últimas semanas se han conocido denuncias por acoso sexual en medios de comunicación, tras el despido de los periodistas y presentadores de Noticias Caracol y Blu Radio Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Por esa razón, la semana pasada el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, a través de un discurso ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por la situación que se habría presentado entre presentadores y periodistas al interior de la compañía.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter