A pesar de las constantes promesas de reparación a las víctimas, lanzadas al aire por políticos e instituciones gubernamentales, la Contraloría General de la República detectó un grave rezago en las reparaciones colectivas en Colombia.
De acuerdo con una investigación realizada por la entidad, “de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país, solo 60 han logrado culminar la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), lo que equivale a un cumplimiento de apenas el 5% del total”.
Vale la pena recordar que, según la normativa colombiana (Ley 1448 de 2011), “son Sujetos de Reparación Colectiva las comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, grupos y movimientos sociales que sufrieron daños colectivos debido a vulneraciones graves a los Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado”.
Entre los colectivos reconocidos más recientemente, están la comunidad campesina de Canalete, en Córdoba; la Universidad de Nariño; el Movimiento Sindical en general; y 18 concejales de El Plato, Magdalena, todos ellos afectados por las atrocidades de la guerra interna en Colombia.
Entonces, ¿por qué el Estado está atrasado en la reparación de estos y otros sujetos colectivos?
El ente de control realizó un análisis de la implementación de la política de Reparación Colectiva en el periodo 2018–2025, abarcando los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
La sorpresa fue que se “evidenció un rezago estructural y un desempeño insuficiente en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)”, reportó la Contraloría en un comunicado distribuido este miércoles.
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