Los excomandantes sentenciados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país.
Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.
“La responsabilidad no solo es de quien ejecutó el secuestro, sino de quienes desde la cúspide crearon las condiciones estructurales para que esos crímenes ocurrieran”, apuntó el magistrado Suárez.
Fueron al menos 21.393 personas las que sufrieron la práctica del secuestro que implementó esa guerrilla, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas.
La audiencia inició sobre las 8:00 de la mañana de ayer. Estuvieron presentes la Misión de Verificación de la ONU, delegados de la Corte Penal Internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los condenados no pagarán cárcel, la sentencia –bajo el funcionamiento de la jurisdicción especial– contempla sanciones que sustituyen las celdas.
Así serán las sanciones para exFarc
Los excombatientes deberán priorizar acciones que vayan encaminadas en la construcción de memoria y paz: se les verá en programas de radio y en encuentro con víctimas.
Tendrán que trabajar en llave con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas para encontrar a las víctimas que el conflicto se tragó. También participarán en actividades de desminado humanitario y en proyectos ecológicos y de sostenibilidad ambiental.
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“Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”, expresó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a las víctimas de secuestro.
El cumplimiento de estas sanciones será verificado por la Misión de la ONU. Los excomandantes podrán continuar con sus actividades políticas dentro del partido Comunes.
Los sancionados ahora deberán reubicarse en las zonas donde adelantarán los proyectos. La JEP pidió al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección reforzar su seguridad.
Los reparos de las víctimas
La JEP tardó más de 7 años para emitir la primera sentencia. Algunas víctimas consideran que el fallo no garantiza justicia.
Sigifredo López –exdiputado del Valle que fue secuestrado el 11 de abril de 2002 por esta guerrilla y que sobrevivió a la masacre de sus 11 compañeros en junio de 2007– es una de las voces inconformes.
“No ha habido medidas realmente reparadoras, sobre todo porque no se ha dicho la verdad plena y nada nos garantiza a nosotros las víctimas que eso vaya a ocurrir”, advirtió López.
López aseguró que la JEP ha certificado como medidas reparadoras cosas que, para él, resultan absurdas frente a las necesidades de las víctimas de verdad, justicia y reparación. Advirtió, por ejemplo, que se certificó la instalación de un sanitario o la participación en un ciclopaseo como aportes reparadores de los comparecientes. “¿En qué restaura eso la vida de las víctimas? En nada”, cuestionó.
Otra reacción llegó desde la ONG Hijos de los Héroes.
“Hoy se culmina el proyecto de impunidad para las Farc en la JEP. Es completamente desproporcional la pena impuesta con los delitos cometidos. Lo peor que puede pasar es que, al final, los únicos que reciban cárcel sean los militares que busquen defender su inocencia en la JEP. Recordemos que la condena para las Farc es de solo 8 años de penas restaurativas. Por otro lado, varios militares han manifestado su deseo de defender su inocencia en juicio adversarial. Por hacerlo, ya no solo se enfrentan a penas restaurativas sino a 20 años de cárcel”, señalaron desde la organización.
La respuesta de los exFarc
Una vez se conoció el fallo, los miembros del Secretariado emitieron un comunicado en el que afirmaron que, todavía, no han sido notificados oficialmente de la sentencia. Aun así, se mostraron comprometidos con el proceso y pidieron perdón a las víctimas.
“El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”, se lee en la carta.
El último secretariado pidió perdón a las víctimas que sufrieron el conflicto, a sus familias y a la sociedad colombiana.
“El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”, apuntaron los exguerrilleros.
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“Ahora inicia la etapa de cumplir sanciones restaurativas, previstas en el Acuerdo de Paz, con el propósito de reparar a la sociedad colombiana. Nuestro compromiso es dedicar todos los esfuerzos a realizar estas acciones que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz”, apuntaron.
El fallo abre la puerta a una etapa inédita en la justicia transicional: la del cumplimiento real de las sanciones restaurativas. Entre la esperanza de reparación y el escepticismo de las víctimas, la sentencia al último Secretariado se convirtió en otro paso en la implementación del Acuerdo de 2016.
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