El robo de las líneas telefónicas para extraerles el cobre y venderlo no es un ilícito nuevo, pero sí un problema que alcanza grandes proporciones, afectando a las empresas de telefonía. El año pasado las pérdidas ascendieron a 43 mil millones de pesos, y 1.300.000 usuarios se vieron perjudicados.
Pese a la dimensión del problema no hay soluciones que lo frenen, salvo aplicarles la llamada Ley de las Pequeñas Causas a los ladrones que pelan el cobre. Una acción más efectiva sería hacer seguimiento al mercado de la chatarra y aplicarles drásticas sanciones a los "carteles del cobre" que lo nutren.
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