Ayer fueron las elecciones. Algunos dicen que no se hizo lo suficiente para luchar contra la corrupción y las prácticas clientelares, que a la democracia colombiana le falta mucho y que, más allá de las campañas de las grandes capitales, lo del resto del país da pena.
Aunque resultan odiosas las generalizaciones, yo estoy entre ellos, pero tengo un matiz: creo que, en esta ocasión, se hizo más de lo que jamás se había hecho por denunciar y tratar de prevenir la corrupción, los delitos electorales y la intervención de intereses privados ilegales en el certamen electoral. No fue suficiente, pero hubo preocupación oficial y voluntad para cuidar los valores de la democracia. Y, como nunca antes, se debatió el riesgo y se advirtió. Este es un paso hacia adelante.
Ahora, las consecuencias de esta campaña preventiva quedan en manos de las autoridades electorales, los investigadores y los entes con facultades disciplinarias. Los actos denunciados y los delitos cometidos durante la campaña o en el día de las elecciones tienen que ser objeto de investigación y sanción ejemplares. Hay un contexto propicio para seguir luchando contra la corrupción, que fue generado por las investigaciones y los fallos de la parapolítica y por otros trabajos que, desde la sociedad civil y la academia, buscan promover la democracia y el buen gobierno.
Ayer fueron las elecciones. Unos ganaron y otros perdieron. No obstante, la realidad municipal sigue más o menos igual. Más allá de quién se impuso, de su voluntad o de su idoneidad para el cargo, hay dos retos que, a mi manera de ver, son centrales para las nuevas autoridades.
En primer lugar, el anunciado crecimiento económico en lo local no implica, necesariamente, prosperidad para todos. El tipo de crecimiento que se propone, particularmente el ligado al sector minero-energético, traerá serios problemas.
Está empíricamente comprobado que la duración y la intensidad de las guerras están ligadas a los mercados (legales o ilegales) que tengan el potencial de producir rentas. La explotación minero-energética -de hecho, toda explotación extractiva- es campo propicio para la actuación de actores ilegales que pretenden controlar el mercado con violencia. Aunque no puedan saquear los recursos directamente, podrán amenazar con la obstaculización de su producción, y podrán utilizar la violencia para generar rentas por extorsión o regular las relaciones sociales en las comunidades. En la medida en que el crecimiento económico propuesto es vertiginoso, esta dimensión generará nuevos retos en el manejo del orden público y en la regulación de lo que hacen los agentes privados en los municipios.
En segundo lugar, ante el anuncio nacional de prosperidad para todos, sigue siendo un inmenso reto para las autoridades locales abordar la situación de las personas con más necesidades básicas insatisfechas. Al margen de los anuncios de campaña de lucha contra la pobreza, es hora de concretar, en planes y proyectos, el cambio planificado que se pretende para poblaciones específicas, idealmente, abandonando la vieja y costosa lógica del subsidio y las donaciones para los pobres. Decirles, en campaña, a los pobres que no serán pobres es fácil; pero, no hay nada más difícil que promover programas efectivos para combatir la pobreza.
Ayer fueron las elecciones, e inevitablemente, las condiciones en las cuales se llevaron a cabo me generan una reflexión algo idealista pero forzosa. Como extraña muestra de la barbarie que nos acompaña, la prohibición del consumo de alcohol calificó el certamen electoral. Por más interiorizada que tengamos la ley seca, el mensaje es terrible: se prohíbe el consumo de alcohol para evitar el salvajismo que surgiría entre los borrachos, o algo así. En todo caso, es un recordatorio del descontrol que nos apena y de la violencia que ronda. Ojalá podamos pronto tener elecciones normales, sin ley seca, sin muertos y con todas las de la ley.
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