La fuerza de los hechos y la tozudez de las cifras respecto de la lucha mundial antidrogas terminaron por convencer a Estados Unidos de la necesidad de hacer un giro en las políticas con las que hasta ahora se venía enfrentando el mercado negro de los narcóticos y sus consecuencias en la salud de los adictos.
La ampliación del radio de debate en torno a la eficacia de la guerra contra las drogas y la urgente necesidad de virar el enfoque basado hasta ahora casi que exclusivamente en la represión militar y el encarcelamiento de los drogadictos, para direccionarlo hacia el campo de la salud pública, es ya una apuesta política del presidente Barack Obama.
La estrategia 2013 que Washington oficializó ayer en Maryland no deja dudas de la aceptación tácita del Gobierno estadounidense de que no es posible resolver el problema de las drogas sólo por la vía militar y la represión.
Menos, que la derrota de los carteles del narcotráfico, el lavado de activos, el comercio de armas y el mercado negro de los precursores químicos se logrará sin la ayuda coordinada de la comunidad internacional.
Tal como lo hemos sostenido en múltiples ocasiones, la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas no sólo es un imperativo ético, sino una condición sine qua non se podrá revertir la dramática espiral de violencia, de corrupción y descomposición social que están asociadas al comercio ilícito de drogas.
El histórico paso que acaba de dar el gobierno estadounidense es trascendental, pero insuficiente si no va acompañado de otras estrategias en la lucha contra el crimen organizado. En especial, la que contempla cortar los inmensos flujos de dineros ilícitos y el tráfico de armas con las que los carteles mantienen su poder de intimidación y su motor de corrupción.
Así como Estados Unidos reconoce ahora que la lucha no puede estar basada en la acción policial represiva, la comunidad internacional tampoco puede irse al otro extremo de pensar que sólo tratando a los adictos como enfermos y a los pequeños distribuidores como jíbaros es como vamos a resolver el problema.
La decisión que adoptó ayer la Casa Blanca va en la dirección correcta, porque además de ampliar los recursos para la atención de los adictos y para perseguir a los grandes productores y comercializadores de estupefacientes, redirecciona la política criminal y carcelaria como instrumento central de la disuasión social al consumo de drogas.
La mirada integral que ahora se hace del problema es la que tantas veces hemos reclamado cada vez que desde algunos sectores de opinión, centros de pensamiento y gobiernos populistas se pide la legalización de las drogas como la mejor manera para acabar el problema. No creemos en las salidas facilistas a situaciones tan complejas como las del narcotráfico y su cadena delictiva.
De la decisión que acaba de tomar Estados Unidos debemos sacar algunas enseñanzas entre quienes, como Colombia, hemos padecido en carne propia los estragos del narcotráfico. Entre otras, que no es posible abordar el fenómeno sin un sistema carcelario eficiente y resocializador, sin un servicio de salud enfocado en el usuario y no en los dividendos, y sin una sociedad que rompa con la cultura mafiosa y el dinero fácil.
No se arranca de cero, por fortuna. Sólo que habrá que acelerar los grandes cambios que significa no perder de vista a los narcos y, al mismo tiempo, poner el foco en sus principales víctimas, los adictos.
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