La Policía de Urabá capturó ayer a Jesús Antonio Graciano Borja, alias "Caliche", quien tenía orden de captura vigente y está sindicado de haber asesinado a Benigno Antonio Gil, un desplazado por los paramilitares que se convirtió en el líder de 1.200 campesinos que buscaban la recuperación de sus tierras expropiadas.
La captura tuvo lugar a las 8:00 de la mañana en el cruce de la carrera 74 con calle 80, cabecera municipal del Carepa, mientras "Caliche" se movilizaba en una moto.
Según el coronel Jorge Murillo, comandante de la Policía Urabá, el joven de 27 años figura como desmovilizado del Bloque Sur del Putumayo, de las autodefensas, y respondía como jefe de sicarios a las órdenes de Marco Fidel Barba Galarcio, alias "Mateo", quien por la persecución de las autoridades estaría actuando ahora en el departamento de Nariño.
"Lo que esperamos con la captura de esta persona es poder esclarecer quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Benigno Gil", agregó el coronel Castrillón, también del Comando de Policía de Urabá.
Los líderes siguen amenazados
Benigno Gil fue asesinado el sábado 22 de noviembre de 2008, en el barrio El Bosque, de Chigorodó, mientras se desplazaba en un vehículo.
El hombre, además de intentar recuperar sus dos parcelas en el municipio de Mutatá, les ayudaba a otros 1.200 campesinos a volver a las tierras de las que habían sido expulsados por las amenazas de los paramilitares.
Benigno no ha sido el único campesino asesinado al querer volver a su propiedad.
Yolanda Izquierdo fue asesinada por paramilitares el 31 de enero de 2007 en el barrio Rancho Grande de Montería. Ella representaba a unas 800 familias de Córdoba que reclamaban la devolución de tierras despojadas.
Luego mataron a Juan Jiménez Vertel en julio de 2008, en el corregimiento El Reposo, de Apartadó, y en diciembre de ese mismo año en Chigorodó, el asesinado fue Jaime Antonio Gaviria, quien también reclamaba su finca.
El 23 de febrero de 2009 abalearon al líder de víctimas Alejandro Pino Medrano en Medellín, a donde había llegado desplazado de la región de Urabá desde 2007.
Y el caso más reciente fue el asesinato de Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité de Familiares Víctimas del Conflicto Armado, el 14 de abril en Córdoba.
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