La marca de café colombiano Juan Valdez, la misma que por más de medio siglo ha sido considerada un símbolo de Colombia en el mundo, vive desde hace cinco años un lío en las más altas esferas de la justicia nacional por cuenta de las pretensiones de varios caficultores que no comparten su uso en las tiendas de café Juan Valdez.
Los demandantes cuestionan lo que según ellos fue una apropiación de marca, sin tener derecho a ello, por cuanto -dicen- éstas hacen parte del Fondo Nacional del Café, entidad que se nutre de recursos públicos.
Esa molestia se hizo palpable desde el mismo momento en que Procafecol (creada a finales de 2002) entró a administrar las tiendas, luego de una serie de contratos que los demandantes tachan de irregulares.
La puja por saber quién tiene la razón en este largo sendero arrancó el 2 de abril de 2004, cuando cinco ciudadanos, encabezados por Pedro de Narváez (dueño de Café Don Pedro), recurrieron a una acción popular en contra del Ministerio de Hacienda, la Federación Nacional de Cafeteros y Procafecol, por lo que ellos califican, el uso indebido de la marca.
En la más reciente posición del Consejo de Estado, el magistrado Ramiro Saavedra, en un documento de 200 páginas, consideró que en este caso debían ajustarse algunas cargas y con ello, la historia podría dar un giro a favor de los demandantes en los próximos días.
Luego de darle la razón a Pedro de Narváez y amparar los derechos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, Saavedra se atrevió a pedirle a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que investigue a los ex ministros de Hacienda, Roberto Junguito y Alberto Carrasquilla.
Pero además, las averiguaciones se extenderían a los gerentes (general, financiero y comercial de la Federación) y de varios directivos de Procafecol S.A.
En el mismo documento, que sigue en estudio, se ordena la contratación, en máximo cuatro meses (una vez se oficialice el fallo definitivo) de una firma internacional para que determine el valor de las licencias de las marcas del Fondo Nacional de Cafeteros.
Los argumentos
Según el estudio del Consejo de Estado, el daño al patrimonio público se originó en los 20 mil dólares que Procafecol pagó por la marca, por una sola vez, el 31 de diciembre de 2002, sin importar que fuera una o varias las tiendas de café abiertas en Colombia o en el exterior.
"Esta suma resulta inferior a lo que paga el Fondo a los abogados que se encargan de la protección de la propiedad industrial en un mes", agregó el magistrado al explicar lo corta que se quedó la suma.
Esta posición compartía el criterio de quienes se han considerado perjudicados pues en varias oportunidades han cuestionado la forma como se han concedido marcas y licencias para la explotación de las mismas sin contraprestación alguna, por no decirlo, nula.
En el camino de las responsabilidades fueron varias las entidades y los funcionarios que, por lo menos en este intento, se quedaron.
La primera damnificada fue la Federación Nacional de Cafeteros, que, para el magistrado, afectó "el derecho colectivo a la moralidad administrativa por la forma sistemática como violó las disposiciones legales, contractuales y estatutarias que constituyen el marco de su operación en condición de administradora del Fondo Nacional del Café".
Un protagonista indiscutible en este extenso pleito es el Ministerio de Hacienda, cuando estuvo en cabeza de Roberto Junguito y Alberto Carrasquilla.
Esa entidad -manifiesta el borrador del fallo- "vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por haber autorizado la utilización de las marcas del Fondo en un par de sesiones y por haber dejado en un limbo de dos años el tema de la contraprestación que había de recibir el Fondo por el uso de marcas".
Al responder los cuestionamientos en su contra, la Federación Nacional de Cafeteros desestimó las afirmaciones en las que se habla de sumas invertidas en las tiendas Juan Valdez. De la misma manera la entidad cuestionó la cifra de 150 millones de dólares que los demandantes le dan a la marca, al afirmar que esa valoración no corresponde a estudios, sino que se desprende de informaciones de prensa.
Una férrea defensa también propuso, de cara a las cuestionamientos que se hacen sobre la forma como se están usufructuando las tiendas Juan Valdez.
A pesar de que los argumentos del magistrado Saavedra ya fueron derrotados en sala plena del Consejo, la tendencia puede mantenerse. La ponencia definitiva la está elaborando el magistrado Mauricio Torres. El fallo definitivo ya se está cocinando.
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