Contar con una justicia pronta y efectiva es el deseo no sólo de un buen gobernante, sino de los ciudadanos que anhelan que sus derechos, libertades y garantías, les sean reconocidos en forma oportuna. Razones de peso para apoyar la Reforma a la Justicia que propone el Presidente Juan Manuel Santos, esfuerzo en el que también se había embarcado el ex Primer Mandatario Álvaro Uribe, sin poderse llevar a feliz término por la falta de los consensos políticos y jurídicos.
De esos intentos fallidos de la anterior Administración quedó el excelente trabajo realizado por un comité integrado por 13 destacados juristas, liderados por José Alejandro Bonivento, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el que se recomendaron juiciosas medidas, algunas de las cuales fueron acogidas por el actual Gobierno.
Dentro del espíritu de la Unidad Nacional y diálogo constructivo del Presidente Santos, se crea la Mesa de la Justicia, con la participación de las Cortes, académicos, juristas y representantes de los partidos políticos, para lograr la aprobación de la Reforma en la presente legislatura.
En primer término, celebramos la iniciativa del Gobierno pasado y del actual de volver a la separación de los Ministerios de Justicia y del Interior, ya que ambas funciones no son compatibles. Cada una necesita dedicación exclusiva del respectivo Ministro, dada la complejidad de los asuntos de cada cartera. En segundo lugar, resaltamos las ideas centrales sobre las cuales gira el proyecto: regulación de la administración de la Rama; ejercicio de las funciones jurisdiccionales; seguridad jurídica; reforma a la tutela; derechos de las víctimas; y profesionalización judicial.
Sin embargo, queremos hacer énfasis en que la Reforma no sólo debe referirse a asuntos que conciernan a la estructura, funciones y periodos de la cúpula de la Rama, es decir, a sus aspectos burocráticos, sino a lo que los colombianos están demandando con urgencia: una justicia fuerte y eficaz que combata la morosidad y la congestión judicial, y que tenga los suficientes recursos humanos, técnicos y presupuestales.
Creemos acertado sustituir el Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo Superior Judicial, con funciones técnicas y de administración, a semejanza de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero nos parece inconveniente que los magistrados de las Cortes se juzguen entre sí, ya que podría dar lugar a una incorrecta "solidaridad de cuerpo".
Celebramos la regulación de la tutela para evitar su abuso y el llamado "choque de trenes". Se crea un sistema de competencias que respete las jerarquías orgánicas, es decir, que las decisiones tomadas en las Cortes tengan una sola instancia ante su respectiva Sala Plena. Además, con el fin de impedir las acciones temerarias, se exige que se tramiten mediante abogado.
Un aspecto llamativo del proyecto es el reconocimiento a las víctimas de la violencia, ya que se las considera como un nuevo actor del proceso judicial, a la par con la Fiscalía y la Defensa. Es un significativo progreso en materia de garantías y un resarcimiento para quienes han sufrido tanto en Colombia.
Otro avance es el establecimiento de inhabilidades para evitar que los ex magistrados, en un futuro, invoquen sus fallos al hacer proselitismo, o los que aún estén en ejercicio se comprometan en causas de postulaciones electorales. "El poder Judicial no puede estar expuesto a los intereses de la política partidista", dijo el Presidente Santos. Pero no quisiéramos pensar que la ampliación del período de los magistrados a 12 años, y la edad de retiro forzoso a los 70, sean la "zanahoria" para lograr la aprobación de la Reforma.
Finalmente, el Presidente Santos hizo gala de su interlocución con las Cortes y le formuló un llamado respetuoso a la Suprema para que, por fin, elija al Fiscal General. El balón quedó en manos de la Alta Corporación.
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