El Presidente Juan Manuel Santos ha repetido con inusual frecuencia que las llaves de la paz las tiene en el bolsillo, pero no ha aclarado si la puerta de atrás, la del solar, la dejó abierta para que se colaran iniciativas tan peligrosas e inoportunas como el "Marco Legal para la Paz" que se discute en el Congreso.
La iniciativa es una especie de "caballo de Troya" con la que se busca crear escenarios para una futura negociación con los grupos alzados en armas, que para el caso tienen nombre propio: las Farc, pues el Eln hace rato se convirtió en un apéndice del Secretariado fariano que comanda alias Timochenko.
Lo preocupante, y que más dudas genera, es la premura con la que se pretende aprobar el "Marco Legal para la Paz" y la tardía reacción del Gobierno frente a las constantes y serias advertencias sobre lo inconveniente de aprobar una reforma constitucional sin el suficiente debate y el análisis sobre sus consecuencias.
¿O es que, efectivamente, el Gobierno nacional está adelantando, por debajo de la mesa, negociaciones o diálogos con grupos insurgentes y no nos lo ha dicho?
¿Tiene justificación que estemos debatiendo a marchas forzadas en el Congreso una política de paz, con graves riesgos de impunidad, en momentos en que, precisamente, los futuros beneficiarios matan policías y soldados y secuestran a civiles por todo el país?
¿Cuál es el mensaje que reciben los protagonistas del terrorismo, pero, sobre todo, quienes defienden la institucionalidad del país, poniendo en riesgo su propia vida?
Sin duda, el mensaje más contradictorio que pudiéramos esperar: que delinquir sí paga para los grupos ilegales, y que defender los principios democráticos se paga con la vida, en el caso de la Fuerza Pública y las personas de buena voluntad.
Semejante despropósito es el que hace tránsito en el Congreso, con la mirada complaciente del Gobierno, que defiende la iniciativa por un lado, pero, por el otro, reconoce que hay serios vacíos y acoge las críticas de organismos tan ácidos con Colombia en materia de derechos humanos como Human Rights Watch.
Tanta vehemencia para defender un proyecto tan peligroso para la institucionalidad del país contrasta con la pasividad y la desidia mostrada por el Ejecutivo a la hora de reforzar los alcances del fuero militar, que terminó por fuera de la reforma a la Justicia, no sabemos por qué.
Ese era uno de los instrumentos fundamentales para enfrentar el desafío terrorista, pero se engavetó, y como respuesta al malestar dentro de las Fuerzas Armadas, el Gobierno salió a la defensa de un adefesio llamado Marco Jurídico para la Paz que, en vez de garantizarla, abre las puertas a más violencia e impunidad.
Es bueno mantener la ventanita abierta para la paz, pero no es abriendo las puertas de par en par como vamos a conseguir que los violentos entiendan que hay unos mínimos por cumplir antes de unos acercamientos, primero; y una negociación o diálogo, después.
El Gobierno Santos, que en otras instancias ha usado la aplanadora de la Unidad Nacional para legislar a su favor, debería utilizarla ahora con toda firmeza para proteger a los colombianos de buena voluntad, que son la mayoría, y no para beneficiar a unos pocos terroristas.
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