Dijo el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, que en Colombia, como en otras partes del mundo, los políticos no saludan diciendo "qué hubo" sino "qué hay". Y lo dijo en un momento en que el Congreso, y particularmente el Senado, está dando un espectáculo que no por repetido deja de dar grima: la inactividad del Parlamento mientras el tiempo de la legislatura se agota.
Hay decenas de proyectos de ley pendientes de debate. De ellos, hay unos que tienen que tramitarse contrarreloj, como la reforma al sistema de salud; la reforma estatutaria a los mecanismos de participación ciudadana, para habilitar la votación de referendos conjuntamente con elecciones ordinarias; la ley estatutaria de desarrollo del marco jurídico para la paz; o la que pretende endurecer las penas para conductores que, manejando ebrios, causen lesiones o la muerte a otras personas.
El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, viendo el poco ánimo de los senadores para caminarles a los debates de la reforma al sistema de salud, pidió al Presidente de la República convocar a las bancadas de la Mesa de Unidad Nacional, para empeñarlos con la buena suerte del proyecto.
Todos se comprometieron a impulsar, si no la aprobación de la ley, por lo menos sí su debate. Pero del incumplimiento de su palabra dan fe las curules vacías, la falta de quórum para deliberar, la desatención a los funcionarios que van a cumplir con las citaciones para tratar temas de interés público.
En el trámite de la reforma a la salud, se habla de la presencia permanente, en la misma sede del Congreso, de representantes de grupos de interés, haciendo cabildeo para atajar la posibilidad de que se aprueben normas contrarias a sus intereses particulares.
Por otro lado, se da la circunstancia de que por una decisión del Consejo de Estado el salario de los parlamentarios tuvo una rebaja, todo indica que temporal, pues el Gobierno ya se comprometió a subsanar los efectos de la sentencia. El senador Armando Benedetti ha dicho, como crítica, que esta rebaja en los ingresos ha hecho que se active una especie de sabotaje a la actividad legislativa.
Otros dicen que en período preelectoral, ante la necesidad acuciante de asegurar la costosísima financiación de campañas, se exacerban las exigencias de muchos congresistas al Ejecutivo para que los surta de fondos (con modalidades variadas, como los cupos de desarrollo regional). Si el Gobierno se demora en hacerlo, o no sacia las apetencias del interesado, la presión se aplica paralizando sus iniciativas legislativas.
Sea cual sea la razón, se trate de las citadas aquí o de las que no se saben precisamente por ser impublicables, es inadmisible para un sistema democrático. Si en Estados Unidos estamos viendo, perplejos, el chantaje de un sector radicalizado del Partido Republicano contra el gobierno demócrata de Obama, en nuestro país el espectáculo es igualmente bochornoso.
En la encuesta Gallup del pasado mes el índice de desaprobación del Congreso fue del 67 %. Y la imagen negativa de los partidos políticos fue aún más alta (74 %), sólo superada por la de las Farc.
La parálisis del Congreso es también la inoperancia de los partidos políticos y su ausencia de liderazgo. Y la pérdida de control de un sistema de manejo político fomentado por todos los últimos gobiernos, de canonjías, prebendas y contraprestaciones inconfesables para aceitar un Congreso que ya tampoco marcha.
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