El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tiene los ojos del país encima, no solo porque la Ley de Víctimas le exige un papel protagónico en la reparación, también porque la entidad tiene la obligación de velar por los derechos de todos los ciudadanos y, al parecer, no tiene presupuesto para nada de lo anterior.
Otálora cumplió ayer cuatro meses en el cargo que le encomendó la Cámara de Representantes. Para algunos analistas es un tiempo muy corto el que lleva en la Defensoría del Pueblo, por lo que hay que darle un "compás de espera" para ver los resultados de su gestión; para otros, la importancia de esa entidad no da tiempo de espera y ya se deberían haber visto resultados en algunos temas.
Para Lucía Gaitán, quien junto con Beatriz Linares hizo parte de la terna de candidatos al cargo de defensor del Pueblo, "aún no es tiempo de hacer un balance detallado de la gestión del defensor del Pueblo. Y teniendo en cuenta que él no conocía la Defensoría por dentro, estos cuatro meses han sido un tiempo de conocimiento de los funcionarios en la entidad. Pero la Defensoría tiene que tener una actitud presente, de cara al país".
Por el contrario, para el presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, Pedro Santana, "a Otálora el puesto todavía le queda grande, pues hay todo un conjunto de temas frente a las cuales el defensor ha guardado silencio".
Críticas en salud
Tal vez el tema que más le critican a Otálora es el silencio, respecto a la crisis de la salud. "Este es un tema crucial, sin embargo la crisis sigue y el defensor guarda un mutismo total", agregó Santana.
Frente a las críticas, Otálora señaló que sí ha hecho su trabajo denunciando los atropellos contra los usuarios y que está "haciendo seguimiento a algunos temas del resorte del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y se está exigiendo un nuevo sistema de salud al Gobierno".
Otro de los temas, que ha sido del resorte de la Defensoría, es el del hacinamiento carcelario. "En ese tema ha hecho pronunciamientos interesantes", resaltó Gaitán.
Defensor de las víctimas
Desde que se aprobó la Ley de Víctimas (Ley 1448), la Defensoría tiene el deber de ser coordinador y defensor de los aquellos afectados de manera directa por el conflicto armado. Sin embargo, al Congreso (y al Gobierno) se le olvidó garantizar los recursos para que la Defensoría realice esta labor.
Así lo señaló el mismo Otálora: para ejercer ese papel de coordinador y representante de las víctimas en los estrados judiciales del país, la Ley creó 1.300 cargos de defensores nuevos, más 250 cargos de nómina, para fortalecer la Defensoría.
"Lamentablemente el Ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón ), no fijó los recursos necesarios para generar ese proceso de incorporación y como consecuencia la aplicación de la Ley de Víctimas estará difícil desde nuestro punto de vista", agregó.
Si ese es el estado de una línea especial de atención a las víctimas, el resto de la entidad no está mejor. El presupuesto de funcionamiento no da para tener oficinas "dignas", según el mismo Otálora, "y si eso es aquí en la oficina central, imagínese cómo están las seccionales en otras partes del país".
Para el defensor "es muy lamentable que estas oficinas de derechos humanos sean las menos protegidas, que sean unas sedes tan lamentables, donde acude la víctima. La Defensoría es reconocida por el ciudadano pero no por el Estado, que no genera los recursos para que se tenga una institución digna para recibir a las víctimas".
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