“Dime con quién andas y te diré quién eres”, dice la gente cuando ve a alguien mal acompañado. Y al mirar la fotografía de los cuatro años del presidente Gustavo Petro, se le ve rodeado de gente investigada por corrupción, prófugos de la justicia, funcionarios negociando secretamente la seguridad del país con criminales y hasta con contrabandistas, un séquito del que Petro ha intentado desmarcarse para que no le aplique el dicho popular.
Pero las evidencias cuentan otra historia distinta a la que intenta imponer el mandatario. Su respuesta, “yo no lo crié”, cuando le preguntaron por los presuntos hechos de corrupción achacados a su hijo mayor, Nicolás Petro, podría aplicar para cualquiera de los otros escándalos ocurridos bajo su administración. De ninguno se ha hecho responsable.
Hay una regla básica sobre la que suelen apoyarse los escritores, toda narración, de algún modo, debe terminar donde empezó, como si cerrara un círculo en el mismo punto de partida. Una regla que, de pronto, sin proponérselo, parece haber seguido Gustavo Petro. Su gobierno, el primero de izquierda en la historia de Colombia, comenzó entre escándalos y así mismo está llegando a su final.
Este miércoles, 24 de junio, cuando faltan 44 días para que salga de la Casa de Nariño tras su derrota en las urnas, Noticias Caracol reveló las oscuras negociaciones de su Gobierno con el grupo criminal Clan del Golfo. El entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, les hizo múltiples promesas a esos criminales, algunas tan cuestionadas como sacar a generales que resultaran incómodos, todo con el fin de verlos sentados en una mesa de paz y anotarse un triunfo para su política de paz, aunque eso significara una pérdida para el país.
Ese es, hasta ahora, el más reciente. Pero fue en enero de 2023, cuando Petro no llevaba ni un año en el poder, que estalló su primer gran escándalo.
A la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, se le perdió una maleta con dinero en efectivo y documentos confidenciales. Acusó a Marelbys Mesa, la niñera de su hijo. Como la mujer negó los hechos, Sarabia usó su poder y ordenó una prueba ilegal de polígrafo.
La sometieron a sesiones muy cuestionadas y fue retenida contra su voluntad e incomunicada durante varias horas. Por esos hechos, varios uniformados fueron llevados a juicio, un coronel se quitó la vida y la empleada fue reivindicada, aunque sigue esperando una indemnización por los perjuicios ocasionados.
En febrero de 2024 llegó el escándalo que más costo político le ha pasado factura; el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo que comenzó con la denuncia sobre varios carrotanques abandonados en un parqueadero de La Guajira, al sol y la lluvia, terminó destapando uno de los mayores entramados de corrupción de su administración.
Los vehículos, comprados con millonarios sobrecostos y presentados como una solución urgente para llevar agua a comunidades vulnerables, se convirtieron en la punta del hilo. Al jalarlo, la Fiscalía encontró una red de contratos amañados, desvío de recursos públicos, pagos de coimas y presuntas compras de favores políticos dentro del Congreso. La confesión de exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla confirmó el saqueo. Ambos salpicaron a altos funcionarios del Gobierno y a poderosos dirigentes políticos, dejando al descubierto cómo la entidad que debía atender emergencias terminó convertida en una caja para repartir corrupción.
Cuatro meses después, en junio de ese mismo año, se conoció una explosiva conversación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. En esos audios, Benedetti, hoy ministro del Interior, le reclamaba a Sarabia por haberlo mantenido alejado del Gobierno. Para entonces, ella era una de las funcionarias más poderosas de la administración.
Benedetti le sacaba en cara haber conseguido $15.000 millones para la campaña y, por eso, exigía respeto y reconocimiento. Los audios abrieron la puerta a una investigación que terminó convirtiéndose en la primera página del escándalo que hoy se conoce como la ‘financiación ilegal de la campaña Petro Presidente 2022’.
Enumerarlos todos sería una tarea extensa. Este diario les ha seguido la pista y ha documentado cerca de 90 escándalos a lo largo de la administración.
Algunos de esos son la crisis de los pasaportes, en septiembre de 2023, que desató una tormenta institucional tras la decisión de frenar el contrato con Thomas Greg & Sons y puso en riesgo la expedición de ese documento para miles de colombianos; el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero, que abrió serios cuestionamientos sobre los filtros y nombramientos dentro de la administración; y los chats e infiltraciones de alias ‘Calarcá’ en organismos de inteligencia, un episodio que encendió las alarmas sobre posibles filtraciones de información sensible y la penetración de estructuras ilegales en la seguridad del Estado.
En desarrollo...
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