La Procuraduría General de la Nación le exigió al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) cumplir la orden impartida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la detención domiciliaria que le fue reconocida a la ex congresista Yidis Medina Padilla, condenada por cohecho propio.
El pronunciamiento del Jefe del Ministerio público se da una semana después de que el propio Alto Tribunal reclamara su intervención en este asunto, dilatado por las directivas del Inpec desde hace varios meses.
Según la Procuraduría, la actuación del general (r) Eduardo Morales Beltrán, ex director del Inpec, de negarse a ejecutar la mencionada sentencia "configura el incumplimiento de una decisión judicial, hecho que podría constituir no sólo una falta disciplinaria sino eventualmente un delito".
"Este hecho, es aún más grave considerando que proviene de la máxima autoridad encargada de administrar los establecimientos de reclusión del país", señala la Procuraduría no sin antes recordar que con la determinación adoptada por ese funcionario "además de vulnerar los derechos fundamentales de la condenada, desconoce la Constitución Política, en especial el artículo que consagra expresamente la separación de poderes y el principio de colaboración armónica entre ellos".
De esta manera, el jefe del Ministerio Público desvirtuó los argumentos con base en los cuales el Inpec frenó el cambio en la modalidad de detención, con base en la existencia de otro proceso penal que ordenó la detención preventiva sin beneficio de excarcelación de Yidis Medina.
"La condena proferida por una autoridad judicial, ya ejecutoriada, prima sobre una medida preventiva de aseguramiento personal", concluyó Maya Villazón.
