"El Gobierno está satanizando a todo el sector cooperativo por cuenta de algunos que lo aprovecharon para otros fines y a quienes fue incapaz de controlar y vigilar en su momento".
Así sintetiza John Jairo Gómez Bernal, gerente Coomsocial, cooperativa de trabajo asociado (CTA) que presta servicios de salud, la realidad que vive este sector de la economía solidaria por cuenta de las recientes regulaciones decretadas por el Gobierno.
Desde el pasado primero de julio rige el decreto 2520, que reglamenta el artículo 63 de la Ley de Primer Empleo, con que se puso en cintura a las CTA que oficiaban como empresas de servicios temporales y violaban la legislación laboral.
El vicepresidente de la república, Angelino Garzón, también ha dicho en distintos escenarios que las CTA "sólo sirven para facilitar empleos precarios" y "se han convertido en el mejor símbolo de la sobreexplotación de los trabajadores". Además tiene que ver con uno de los puntos críticos para destrabar el TLC con Estados Unidos.
Todos en la cama o...
Y si bien este no es el tema central del Encuentro Nacional Cooperativo, que empezó ayer y concluye hoy en Plaza Mayor, fue el tema obligado entre los dirigentes gremiales de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) que consideran que por unos pocos, pagaron todos.
"Hay unas cooperativas que vienen realizando intermediación y están desvirtuando nuestro modelo, pero ante su incapacidad de control, el Gobierno pretende ahora resolver el problema a punta de decretos", señala Israel Silva Guarnizo, director Ejecutivo de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila.
Por su funciones, las CTA se pueden dividir en cuatro grupos: las que producen bienes u ofrecen servicios; las que manejan procesos de apoyo (como aseo o mantenimiento, por ejemplo); las que suplen procesos misionales, relacionados con el objeto de la empresa; y las que facilitan trabajadores para esos fines misionales (por ejemplo, médicos para un hospital).
A estos dos últimos grupos son los que inhabilita el decreto, y se suma la prohibición a empresas bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) contraten con alguna CTA.
Pero Gómez Bernal, quien también es vicepresidente del Comité Nacional de Trabajo Asociado de Confecoop, considera que hay una doble moral del Gobierno, pues estas restricciones no quedaron contempladas en la última reforma a la salud.
"En los hospitales públicos, donde se han visto casos de que el mismo gerente maneja la CTA, pueden seguir contratando hasta julio de 2013", señala Gómez.
Por ahora, Confecoop demandó la Ley de Primer Empleo ante la Corte Constitucional e interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y las CTA adelantan acciones individuales para derogar una norma que el sector cooperativo considera una estocada a la tercerización de servicios y procesos.
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