El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que el proceso de reparación de víctimas de grupos armados ilegales en Colombia tiene una "cobertura precaria" pues no hay un seguimiento de los casos, falta información individual sobre cada víctima y se presentan fallas en el acompañamiento judicial.
Ordóñez aseguró igualmente que "pese a los principales objetivos de la ley (Justicia y Paz), las minorías étnicas y raciales en Colombia aún siguen siendo azotadas por la violencia y no han podido tener completa su reparación".
Por su parte, Augusto Ramírez Ocampo, director del Instituto de Derecho Humanos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, aseguró que pese a los avances en materia de legislación que se han presentado en los últimos cuatro años en Colombia, con la Ley de Justicia y Paz hay varias fallas en su práctica.
Según Ramírez Ocampo, pese a que la ley "ha obligado a victimarios a declarar sus crímenes, entregar todo su patrimonio para la reparación integral y se han promovido juicios para que paguen por sus crímenes, existen falencias en su aplicación, pues no se ha logrado cumplir la meta".
Agregó que "la extradición de los 14 jefes paramilitares ha complicado conocer satisfactoriamente la verdad de sus crímenes y por lo tanto también se ha complicado la reparación de las víctimas". Añadió que hasta el momento no hay ninguna sentencia que "castigue a algún miembro de un grupo armado por sus crímenes".
Estas declaraciones se dieron en la presentación de los resultados del Proyecto de Seguimiento a Políticas Públicas en materia de Desmovilización y Reinserción realizado por la Procuraduría General de la Nación y la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional).
