La revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana y un derecho político a través del cual los electores pueden dar por claudicado el mandato a un gobernante con anterioridad a la culminación del período por el cual fue elegido, cuando este no haya cumplido con su programa de gobierno o despierte insatisfacción general.
Para que surta efecto, los promotores deben contar con un total de firmas recogidas, no inferior al 40% del total de la votación del mandatario en su elección.
Para que sea efectiva, el día de la elección, las urnas deben contener mínimamente el 55 % de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario, y sería aprobada si en las urnas se logra la mitad más uno de los votos.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en 23 años se han presentado más de 130 iniciativas de revocatorias (cerca del 10 % de los municipios del país) de las cuales ninguna ha prosperado.
Esta nula garantía del mecanismo se debe especialmente a la falta de discernimiento sobre la forma adecuada en que se deben recoger las firmas o apoyos ciudadanos.
En el caso de la revocatoria de alcaldes, el 75 % no ha superado la recolección y verificación de firmas. A pesar de que los promotores llevan más del doble de apoyos necesarios, estas no superan el proceso de verificación de la Registraduría. La mitad de las firmas es anulada porque el ciudadano no hace parte del censo, porque no hay correspondencia grafológica, por suplantación o falsificación.
El 25 % restante de las iniciativas llegan a votación y allí, el umbral y la falta de participación ciudadana son impedimentos para su consolidación. Solo en dos municipios de los 32 que llegaron a votación se cumplió con los umbrales del 55 %: Murindó y Miraflores. Pero las iniciativas fueron derrotadas en las urnas.
Según la MOE, las principales causas por las cuales la ciudadanía no sale a votar en las revocatorias son las amenazas a promotores y electores, la escasa publicidad, una real ausencia de interés por parte de la ciudadanía y el uso de recursos y actividades públicas de los mandatarios objeto de revocatoria, para desviar la atención de los votantes.
En un municipio, el alcalde el día antes de las elecciones para revocar su mandato se encargó de organizar un festín tan grande que al otro día fueron muy pocos los que votaron.
La realidad de estos procesos revocatorios es que son promovidos por las colectividades de oposición que se resisten a que el gobernante ejerza su mandato, y por aquellos que podrían beneficiarse tumbando al mandatario.
Son procesos politiqueros más que democráticos, pataletas que buscan desinformar, generar la percepción de malestar en el pueblo y desestabilizar a las administraciones de turno.
El pueblo, ignorante de los temas políticos, prende empujado. A los ciudadanos más pobres, que son casi todos, los promotores de las revocatorias les preguntan si están contentos con el incremento desmedido del predial o si están de acuerdo con la situación de orden público, por ejemplo, haciéndoles pensar que son responsabilidades exclusivas de los mandatarios. Obvio. Todos firman.
La verdad oculta tras la bellaquería politiquera. Instrumentos al servicio de la democracia, esa de la que tanto nos hablan, pero que no existe.
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