Que el Estado es un gran botín, del que todos quieren sacar la mejor tajada, es una verdad milenaria. Igualmente cierto es que la manera de "privatizar" los beneficios cambia con el tiempo.
Según el profesor Luis Jorge Garay, entre 1990 y 2003 el Banco Mundial hizo unos análisis muy centrados en lo económico. En ellos se ve cómo las normas y la política económica favorecen a grupos dominantes, sin que las gabelas recibidas sean monitoreadas y, lo peor, sin que las mismas produzcan un beneficio social ampliado que las justifique.
Altos aranceles, licencias previas, alivios fiscales, terratenientes que tributan sumas irrisorias, forman parte de esa historia, vigente, por cierto. Garay recuerda, por ejemplo, que "unos pocos" colombianos reciben exenciones tributarias que equivalen al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Y quiénes son esos pocos?, le preguntó este diario.
"Algunos empresarios, que para no denunciarlos, son agentes económicos a los que se les dan contratos de estabilidad tributaria de largo plazo, inversiones sobre cultivos de largo rendimiento que no tienen que pagar impuestos por muchos años, proyectos de turismo con rebaja de impuestos durante 20 años. La gran mayoría no tiene justificación social ni económica, porque los beneficios quedan más en manos privadas".
Según Garay, la parapolítica va más allá de la tradicional captura del Estado. La alianza de grupos legales e ilegales busca una reconfiguración del Estado en lo político y en lo social, a mediano y largo plazo. Una primera fase, dice, fue la alianza de los paramilitares, ejércitos privados con los cuales la gente convivió en muchas regiones, por la ausencia del Estado y por la la misma presencia de las Farc y el conflicto armado.
Para el investigador, "un paso más ilegal e ilegítimo se dio cuando estos paramilitares se aliaron con los narcos, para avanzar en la guerra y copar más espacios, derivando luego en narcotraficantes, propiamente dichos".
En la investigación, en la que también participaron Eduardo Salcedo e Isaac León, Garay recuerda episodios como los de Pablo Escobar, su llegada al Congreso, su intento por tener una legitimidad social y política, para comenzar a intervenir en normas que lo beneficiaran, como la extradición. Sin embargo, "el poder político del centro" no podía permitir su presencia en el Congreso. Escobar le hace la guerra a ese poder, y la pierde, pues Garay afirma que "ningún criminal, por más organizado que sea, va a ganar".
El caso es que "para matar a Escobar el establecimiento incurrió en otra ilegalidad grave: aliarse con ilegales". Los narcos aprenden que con la sola intimidación y la fuerza no lo van a ganar todo. Pasan, entonces, a las alianzas con los políticos, a su financiación y a la realización de negocios con las "élites regionales". En ese contexto el proceso 8.000 equivale para ellos a un revés.
Luego descubren la necesidad de adelantar un proyecto político, con miras a transformar las leyes y el Estado mismo. Ahí es donde Ralito representa lo que bien pudiera llamarse la más moderna y sofisticada expresión de la captura del Estado.
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