Mario Montes Giraldo, jefe de la Unidad Anticorrupción, anunció que en agosto se le imputarán cargos a tres presuntas falsas víctimas de la Masacre de Mapiripán, quienes le han ofrecido a la Fiscalía unos bienes avaluados en 400 millones de pesos para resarcir la indemnización que recibieron tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Montes Giraldo, los citados a audiencia de imputación de cargos son Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero. “Aquí la Fiscalía les va a imputar cargos por los delitos de fraude procesal y estafa agravada. Es bueno reconocer que algunas de estas personas han ofrecido algunos bienes”, señaló el jefe de la Unidad Anticorrupción.
Montes Giraldo dijo que los bienes ofrecidos son una finca y una casa, tasados en 400 millones de pesos, aunque advirtió que “no colman o no llenan el valor de lo que efectivamente recibieron” como indemnización y que aseguró ascendió a los 3.350 millones de pesos.
Estas personas son los primeros tres indiciados por la investigación que adelanta la Fiscalía por un grupo de familias que se habrían hecho pasar como falsas víctimas de la masacre. En los próximos meses se podría vincular a tres familias más y a entre 15 y 20 personas.
Como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado colombiano al considerar probada la colaboración entre miembros del Ejército Nacional y los paramilitares como autores de la masacre de Mapiripán, que en julio de 1997 causó la muerte de entre una y cinco decenas de víctimas, según las distintas versiones.
En 2011, el Estado colombiano presentó alegaciones a la Cidh tras conocerse el falso testimonio de Mariela Contreras, quien había sido defendida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e indemnizada por la supuesta muerte de su marido y la desaparición forzosa de sus dos hijos en esa incursión paramilitar en este pueblo de los Llanos Orientales.
Contreras confesó entonces que su esposo había sido asesinado por la guerrilla antes de la incursión, mientras que sus dos hijos habían sido reclutados también por ese mismo grupo armado y existen pruebas de vida de ambos posteriores a la masacre de 1997.
Ese caso dio pie a que el Gobierno recurriera la sentencia ante la Cidh tras cuestionar la sinceridad de otras víctimas ya indemnizadas y discutir la propia veracidad de la masacre.
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