Un ataque con explosivos se registró en la madrugada de este miércoles en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, departamento de La Guajira.
El atentado dejó al menos 12 soldados heridos y, según las primeras informaciones, habría sido perpetrado por integrantes del ELN.
A través de un comunicado divulgado en su cuenta de X, la Primera División del Ejército rechazó de manera categórica el hecho y aseguró que la acción terrorista puso en riesgo a la población civil de la zona.
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“El Ejército rechaza categóricamente este acto terrorista. El hecho puso en riesgo la integridad de la población civil”, señaló la institución militar.
Unidades de la Primera División continúan desplegadas en el área, donde adelantan labores de seguridad de manera articulada con la Policía y otras autoridades para salvaguardar a la comunidad y dar con los autores del ataque.
Asimismo, la institución ratificó su compromiso “indeclinable” con la protección de la vida, la soberanía y la estabilidad del país.
Tras el atentado, la Troncal del Caribe permanece cerrada mientras las autoridades realizan inspecciones en la zona para descartar la presencia de nuevos explosivos u otras amenazas. Los uniformados heridos fueron trasladados a centros asistenciales y permanecen bajo observación médica.
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Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas fatales. Este ataque se suma a la ola de violencia registrada en los últimos días en varias regiones del país.
Departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander han sido escenario de hostigamientos, explosiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en Pamplonita, Norte de Santander, donde un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía dejó tres uniformados heridos en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona.
En medio de este panorama, distintos sectores políticos y organismos de control han reiterado las alertas sobre las condiciones de seguridad de cara al próximo calendario electoral.
La Defensoría del Pueblo y otras entidades han advertido sobre riesgos para líderes sociales, candidatos y comunidades en territorios con presencia de grupos armados ilegales.
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La coacción electoral, ha informado Iris Marín, la defensora del Pueblo, se manifiesta con fuerza en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.
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“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, aseguró la Defensora del Pueblo.
La Defensoría, hace unas semanas, hizo un llamado a la acción urgente para 162 municipios en riesgo.
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