La última ventana de la “paz total” terminó de cerrarse esta semana. El presidente Abelardo De La Espriella revocó la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN y, con esa decisión, puso punto final a los procesos de negociación (12 en total) abiertos durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión llegó después de casi cuatro años de una política que convirtió el diálogo con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales en una de las principales apuestas del anterior Gobierno y que implicó una estructura de delegados, negociadores, viajes, esquemas de seguridad y logística financiada con recursos públicos.
El balance financiero permite dimensionar el tamaño de esa criticada apuesta: $125.174 millones fueron ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026 para sostener las distintas mesas y acercamientos de paz, según cifras del Ministerio de Hacienda.
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Ahora, con las mesas cerradas y los procesos desmontados, esa cifra adquiere otra dimensión. El nuevo Ejecutivo recibió unas negociaciones suspendidas, fracturadas o sin resultados definitivos y decidió acabar con ellas en lugar de reactivarlas.
Factura de $125.000 millones
Los recursos destinados a la política se repartieron en dos grandes frentes. $107.572 millones fueron ejecutados en negociaciones políticas con grupos armados, mientras que $17.601 millones se destinaron a conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas.
En el primer grupo estuvieron las mesas con el ELN, el Estado Mayor Central y sus diferentes escisiones, la Segunda Marquetalia y estructuras como los Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
En el segundo quedaron los acercamientos con organizaciones como los Shottas y Espartanos de Buenaventura, estructuras de Quibdó, combos del Valle de Aburrá, Los Pepes y Costeños de Barranquilla, además del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
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Detrás de cada una de esas mesas hubo una operación estatal que tuvo que ser financiada. Y una parte importante del dinero terminó en transporte, seguridad, honorarios y logística.
Solo en las negociaciones políticas, los vuelos y los esquemas de protección de los delegados representaron cerca de $43.180 millones: $21.979 millones en transporte aéreo y $21.200 millones en seguridad.
La “diplomacia” de la “paz total” también cruzó las fronteras. La mesa con el ELN tuvo rondas en La Habana, Ciudad de México y Caracas. El proceso con el Clan del Golfo llegó hasta Doha, Catar, donde se realizaron dos viajes para las conversaciones con esa organización (ver nota al final del artículo).
En total, el proceso de acercamiento con el Clan del Golfo implicó recursos cercanos a $20.000 millones, de acuerdo con los reportes financieros. Solo el transporte aéreo asociado a las conversaciones sociojurídicas sumó $1.683 millones.
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Miles de millones en honorarios
La estructura de negociaciones también necesitó una nómina propia. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que durante los últimos cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores.
El desglose financiero de las mesas revela, incluso, cifras superiores cuando se observan los rubros específicos: los honorarios de las negociaciones políticas llegaron a $18.378 millones, mientras que los espacios urbanos sumaron otros $6.677 millones.
Entre los contratos aparecen nombres como el de Parmenio Cuéllar, con $474 millones para su participación en la mesa con la Segunda Marquetalia; Gloria Cecilia Quiceno, con $341 millones, y el líder indígena Feliciano Valencia, con $117 millones. A esto se sumaron los gastos para mantener en funcionamiento las mesas.
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La logística de las negociaciones políticas costó $12.712 millones y la de los espacios urbanos otros $1.570 millones. La participación de la sociedad civil representó $12.146 millones y el Comité Nacional de Participación, $9.164 millones.
Incluso la infraestructura territorial diseñada para acompañar las conversaciones tuvo una ejecución limitada. De las cinco Zonas de Ubicación Temporal proyectadas, solo una llegó a funcionar: la del Valle del Guamuez, en Putumayo, con un costo de $1.043 millones.
Una “paz” sin resultados
El problema que ahora enfrenta Petro es que su legado de “paz” no está solamente en la cantidad de dinero ejecutado. La política que buscaba abrir simultáneamente canales de diálogo con buena parte de los actores armados del país terminó con las mesas suspendidas o clausuradas y sin que se concretara un acuerdo de paz definitivo con las principales organizaciones que participaron en ellas. El caso del ELN es quizá el más representativo.
La mesa estaba suspendida desde enero de 2025, después de que el gobierno Petro decidió congelar las conversaciones tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo, que desencadenó una guerra con las disidencias de las Farc y dejó una profunda crisis humanitaria en esa región. El proceso ya venía deteriorándose.
El entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, había reconocido que las conversaciones se habían convertido en espacios cada vez más difíciles y cuestionado su utilidad.
El desgaste se había hecho evidente desde 2024, después de episodios como el ataque contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. La llegada del nuevo Gobierno terminó de sepultar esa mesa. Mediante la Resolución 391 de 2026, De La Espriella revocó la designación de los representantes del Gobierno ante el ELN.
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La decisión convirtió la suspensión de hecho en el cierre formal del proceso.
El último capítulo de una política desmontada
El ELN fue la última pieza. Antes habían caído los demás espacios heredados de la ‘Paz total’. El gobierno de De La Espriella cerró los espacios sociojurídicos con los combos paisas y las mesas con los Comuneros del Sur.
También desmontó las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Con la Resolución 390 de 2026 también se oficializó el cierre del proceso con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, o Clan del Golfo. En paralelo, el nuevo Gobierno retiró el reconocimiento a decenas de voceros y gestores de paz que habían sido designados durante la administración anterior.
Según el balance publicado por La Silla Vacía, más de una docena de resoluciones desmontaron componentes de la ‘Paz total’ y retiraron el reconocimiento a más de 70 personas vinculadas como voceros, gestores o integrantes de los equipos negociadores.
Así, lo que empezó en 2022 como una política para multiplicar los escenarios de negociación terminó cuatro años después con el cierre de todos esos espacios.
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Mancuso y los voceros de paz
El desmonte de la política de paz del gobierno Petro también dejó decisiones en los tribunales. Uno de los casos más representativos es el del exparamilitar Salvatore Mancuso, a quien el expresidente designó como gestor de paz.
El Consejo de Estado el pasado 3 de agosto suspendió provisionalmente esa resolución al considerar que, aunque el entonces jefe de Estado Petro tenía amplias facultades para conducir los procesos de paz, estas no pueden ejercerse “por fuera de los límites establecidos por la ley.
La decisión respondió a una demanda que cuestionó la designación del exjefe paramilitar y, entre otros argumentos, señaló que su nombramiento podía revictimizar a quienes sufrieron los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Mancuso había sido designado como gestor de paz hasta el 6 de agosto de 2026, por lo que cuando el Consejo de Estado suspendió la resolución solo restaban tres días para que terminara formalmente ese periodo.
Del diálogo a la seguridad
El viraje del nuevo Gobierno ha sido también discursivo. De La Espriella ha descartado conceder estatus político a organizaciones criminales y ha planteado que su política frente a esos grupos estará basada en seguridad, autoridad y justicia.
El Ejecutivo, además, prepara un estatuto antiterrorista para llevarlo al Congreso. El contraste es evidente. Mientras el anterior Gobierno buscó abrir canales simultáneos con guerrillas y organizaciones criminales, el actual ha optado por cerrar esas mesas y recuperar una política basada en la confrontación contra las estructuras armadas.
El presidente ha resumido esa ruptura acusando al gobierno anterior de haber permitido que las organizaciones criminales se fortalecieran mientras el Estado invertía recursos en las negociaciones. La discusión, por eso, no termina en los $125.174 millones ejecutados.
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También queda el interrogante sobre qué produjo esa inversión. Los balances de seguridad utilizados para evaluar la política muestran que en algunas zonas los enfrentamientos disminuyeron durante los ceses del fuego, pero al mismo tiempo aumentaron otras formas de violencia y control criminal.
En esos territorios, los reportes citados registraron incrementos de 337% en la extorsión, 70% en las amenazas y 168% en el reclutamiento forzado de menores.
A esto se suma el balance fiscal de la Contraloría, que en una auditoría sobre los recursos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y la “paz total” identificó 344 hallazgos y estimó en cerca de $1,16 billones los recursos en riesgo o asociados a posibles detrimentos patrimoniales.
El gobierno de Petro apostó durante cuatro años a que la negociación simultánea con los grupos armados podía convertirse en una nueva fórmula para reducir la violencia y alcanzar la paz.
Para sostener esa apuesta, el Estado destinó más de $125.000 millones. El cierre de la mesa con el ELN fue, en ese sentido, más que una decisión administrativa. Fue el último acto de una política que comenzó con la promesa de sentar a todos los actores armados a negociar y terminó con todos esos frentes de diálogo clausurados.
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El giro de seguridad de De la Espriella tendrá el reto de combatir al crimen con los recursos que hay a disposición. Según ha dicho, con la estructura que tiene el Estado es suficiente para someter a los que antes se sentaron a negociar con Petro y sus aliados.
¿Para qué sirvió invertir más de $20.000 millones y montar una mesa de paz con el Clan del Golfo en Medio Oriente?
Con la resolución presidencial que revocó las designaciones de los negociadores de paz con el Clan del Golfo, quedaron en ascuas las comunidades de cuatro departamentos, cuatro países observadores y un monto cercano a los $20.000 millones que el Estado había invertido en esas conversaciones fallidas. El presidente Abelardo de la Espriella le puso esta semana el punto final a los diálogos sociojurídicos con ese cartel narcotraficante, cuya sede era la lejana ciudad de Doha, en Catar.
Los acercamientos preliminares entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo comenzaron en 2022 y tuvieron una segunda fase en julio de 2024, con una resolución oficial que autorizó las conversaciones.
La mesa de paz se concretó en septiembre de 2025, con los cataríes como anfitriones y representantes de España, Suiza y Noruega, en calidad de mediadores.
Aunque nunca se logró tramitar un cese el fuego en dicho espacio, sí alcanzó a producir dos ciclos de conversaciones, en los cuales ambas partes llegaron a unos acuerdos preliminares. Uno de ellos fue la creación de tres zonas de ubicación temporal (ZUT) para concentrar a los combatientes, con miras a un eventual desarme.
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Los lugares seleccionados estaban en los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba).
También anunciaron un mecanismo de monitoreo al proceso y una lista de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, según uno de los comunicados distribuidos luego del segundo ciclo, a finales del año pasado.
Dichos municipios serían Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó).
Esos anuncios generaron expectativas y cuestionamientos en las comunidades de esos 15 municipios y en las autoridades regionales de los cuatro departamentos afectados por el conflicto armado, que le pidieron al Gobierno Nacional un mayor acompañamiento para la implementación.
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Las partes anunciaron que la primera ZUT, en Tierralta, empezaría a funcionar el 1° de marzo de 2026, pero el gobierno de Petro, en plenas elecciones presidenciales, retrasó la implementación para el 25 de junio. El plan era concentrar allí a 400 combatientes de Clan del Golfo, mas tampoco se cumplió con ese plazo.
Finalmente Gustavo Petro dejó el poder el 7 de agosto, la mesa de conversaciones quedó en el aire y De la Espriella le dio la estocada final esta semana.
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Además de las promesas incumplidas, que habían inflado en vano las esperanzas de las comunidades, se perdió la gestión de los cuatro países garantes. Colombia, por su parte, invirtió $125.174 millones en su política de “paz total”, entre agosto de 2022 y junio de 2026; de ese monto, según fuentes cercanas al proceso, unos $20.000 millones correspondieron a la iniciativa con el Clan del Golfo.
Esto sin contar con que esa estructura ilegal aprovechó los acercamientos y negociaciones con la Casa de Nariño para extender sus tentáculos por todo el país. Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en reportes de las FF.MM., el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 10.268 integrantes durante el cuatrienio anterior (152% más).
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Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto dinero gastó el Gobierno de Gustavo Petro en la ‘Paz Total’?
- El Gobierno ejecutó $125.174 millones entre agosto de 2022 y junio de 2026 para financiar las negociaciones políticas y los acercamientos sociojurídicos de la ‘Paz Total’. De ese monto, $107.572 millones correspondieron a negociaciones con grupos armados y $17.601 millones a conversaciones con estructuras criminales urbanas.
- ¿En qué se gastaron los $125.174 millones de la ‘Paz Total’?
- Los recursos se destinaron, entre otros rubros, a transporte aéreo, seguridad, honorarios, logística, participación de la sociedad civil y funcionamiento de las mesas. Solo en negociaciones políticas, los vuelos y esquemas de protección de los delegados representaron cerca de $43.180 millones.
- ¿Cuánto costaron los viajes y la seguridad de los negociadores de la ‘Paz Total’?
- En las negociaciones políticas se ejecutaron aproximadamente $43.180 millones en transporte aéreo y seguridad: $21.979 millones en vuelos y $21.200 millones en esquemas de protección. Las conversaciones también incluyeron desplazamientos internacionales, como las rondas del ELN en Cuba, México y Venezuela.
- ¿Cuánto dinero se gastó en las negociaciones con el Clan del Golfo?
- El acercamiento con el Clan del Golfo implicó recursos cercanos a $20.000 millones, según los reportes financieros citados en la investigación. Solo el transporte aéreo relacionado con las conversaciones sociojurídicas representó $1.683 millones.
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