La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) recalcaron este jueves su “grave preocupación” por la decisión del Ministerio de la Defensa de El Salvador de no permitir una diligencia judicial de inspección de sus archivos en el proceso por la masacre de El Mozote (1981).
“La Cidh y su Relatoría Especial instan al Estado salvadoreño a cumplir con su obligación de ordenar, sistematizar y poner a disposición la documentación y archivo vinculados con las graves violaciones a los derechos humanos bajo investigación como garantía del derecho a la verdad y justicia”, indicó el organismo regional en un boletín.
Manifestó que en procesos de esta naturaleza “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades encargadas de la investigación o de proceso pendientes”.
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“En particular, las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sidh) han señalado que la decisión sobre la existencia de la documentación o de calificarla como secreta y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito”, acotó.
Recordó que, en el marco de la visita “in loco” a El Salvador en diciembre de 2019, la Cidh “recomendó al Estado reconstruir los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado interno y que hubiesen sido destruidos, así como los documentos que no se produjeron cuando legalmente debían producirse”.
La Cidh y la Rele llamaron al Estado de El Salvador a garantizar a los operadores de justicia “el acceso a toda información que pueda contribuir al conocimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos investigadas”.
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También pidieron “realizar esfuerzos en la reconstrucción de los archivos que hayan sido destruidos” e instó a las “instituciones públicas competentes” a investigar “la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación en cuestión” y aplicar “las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes”.
El Ejército impidió el pasado 21 de septiembre al juez de la causa por la masacre de 1.000 personas en El Mozote, Jorge Guzmán, las inspecciones a los archivos del Estado Mayor en San Salvador para la búsqueda de documentos relacionados con la masacre, pese a que era un orden judicial “firme”.
De acuerdo con una resolución de este juez, el Gobierno de Nayib Bukele y el ministro Monroy le notificaron que la Fuerza Armada mantendrá de forma “invariable” el bloqueo a la inspección judicial en el Estado Mayor.
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Un grupo de organizaciones sociales pidió la semana pasada a la Fiscalía que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de “encubrimiento” de la masacre, en la que militares ejecutaron a unos 1.000 campesinos en 1981.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados.
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