Hubo un tiempo para el castigo, hoy lo útil es el perdón. Así ha defendido Pedro Sánchez la decisión de indultar (o perdonar), tras 44 meses de prisión, a nueve personas que lideraron la declaración de independencia de Cataluña, la región rebelde que en 2017 tensionó tanto la cuerda con el Estado español, que casi la rompe. Los recién liberados abandonaron su celda con las ideas intactas: nada más al salir ondearon una bandera con la consigna “Libertad Cataluña”. Más incierto aún, declararon que, en su opinión, aquel delito que los llevó a la cárcel no existió.
El castigo y el perdón han convivido en simultáneo. Con el castigo nació el perdón, la absolución completa o parcial concedida al culpable. La figura que el presidente del gobierno español puso en práctica, el indulto, es tan vieja como la noción misma de que existe el delito. Ha estado presente incluso en las sociedades humanas más antiguas. Apareció esculpida en las columnas de basalto negro de dos metros de alto en las que el rey Hammurabi de Babilonia dictó las reglas a cumplir en su comunidad, hace casi 4.000 años.
Allí, y por designio de Samash, dios del Sol y la justicia, consignó una serie de edictos con referencia al perdón. “La institución de la gracia (indulto o perdón) era concebida como un atributo de la divinidad que la ejercita, y la teología la entiende como medio para equilibrar la justicia”, escribe Ireneo Herrero Bernabé, licenciado en derecho, en la Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, “(...) de la divinidad se traslada al rey, ya que éste representa a Dios en la Tierra”.
De Babilonia a los libros sagrados de la India, del basalto negro y de dios, de Grecia y las asambleas populares a las democracias modernas, el indulto se ha consagrado incluso como una tradición política. En Estados Unidos es casi norma que el presidente indulte por clemencia a un grupo de ciudadanos de su elección que hayan cometido delitos federales. Barack Obama perdonó a más de 300 presos un día antes de dejar el cargo; Donald Trump indultó a casi 200 personas, entre ellas, a su polémico exasesor, Steve Bannon, quien enfrentaba cargos por fraude. Los medios norteamericanos insinuaron que el entonces presidente había preguntado a su oficina jurídica si podía perdonarse a sí mismo.
“Aún así, estamos hablando de una medida que se debe plantear como excepcional, que parte del supuesto de que no debe ser usual”, señala Rafael Piñeros, analista internacional de la Universidad Externado. Dado su origen divino y el hecho de que su uso recae generalmente en quien ostenta el poder, la excepcionalidad se ha vuelto más o menos cotidiana. Según la Fundación Civio, una organización española sin ánimo de lucro que promueve la transparencia del Estado, 10.652 personas han salido de prisión en España desde 1996 hasta 2020, perdonadas por los presidentes.
“A pesar de que el indulto está consagrado en el Estado de derecho, se trata de una decisión políticamente criticable, como ha sido en esta ocasión en España. El Partido Popular (PP) ha tildado de terroristas a los líderes catalanes”, señala Piñeros. Si hubo o no terrorismo aquel 27 de octubre de 2017 cuando el parlamento regional de Cataluña declaró la independencia de España, puede ser discutido.
Lo que parece claro es que la serie de hechos que se desarrollaron a partir de ese intento de secesión que amenazó la estabilidad del Estado español, no termina con el perdón que Sánchez acaba de otorgar. Es posible, incluso, que solo haya iniciado de nuevo.
Un perdón no solicitado
Sánchez otorgó un indulto que nadie le había pedido. Si el perdón es la absolución otorgada al culpable que se arrepiente, en esta ocasión la clemencia ha llegado sin contrición. Aunque los indultos no son una extrañeza en España, sí lo es que se tomen contra la franca oposición del Tribunal Supremo del país. Los jueces que en un principio hallaron culpables a los líderes independentistas por sedición, malversación o desobediencia, ahora también los señalan de no mostrar la “más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.
En un informe de naturaleza consultiva y no vinculante, el Supremo se opuso al indulto parcial o total y reafirmó uno a uno los argumento que utilizó en su sentencia, concluyendo que las penas que dictó eran proporcionadas y criticando que se haya querido convertir al Gobierno en una especie de segunda instancia jurídica para cambiar su sentencia. Lo más extraño, sin embargo, es que ni siquiera los líderes independentistas querían el indulto.
“Salimos a trabajar por la libertad y por la amnistía”, aseguró Raül Romeva, uno de los beneficiados de la decisión, mientras en el centro de Barcelona cientos de manifestantes catalanes independentistas exigían la amnistía. La brecha que separa a ambas figuras es el olvido mismo.
Aquello que ha otorgado el gobierno español es un perdón a la pena de cárcel impuesta por lo que sigue considerando que fueron delitos, por eso el indulto es parcial y ha dejado intactas las sanciones a otros derechos que los líderes independentistas no podrán ejercer, por ejemplo, como ocupar cargos públicos hasta el final de sus condenas.
La amnistía tiene un campo de acción más absoluto. Es la restitución de todos los derechos que el condenado vio limitados, es como si aquellos delitos que cometió y produjeron la pena nunca hubieran acontecido. “Para ellos, lo que pasó en 2017 no fue ilegal”, explica Miguel Martínez, investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, “por eso es tan grande el riesgo que toma Pedro Sánchez al otorgar estos indultos”.
Dos explicaciones podrían rodear la apuesta de Sánchez. “La primera es la convicción de que esta decisión va a allanar el camino hacia un diálogo con los líderes independentistas en el que, tal vez, se pueda llegar a un acuerdo de más autonomía a Cataluña, sin separación”, explica Martínez, “eso pese a que esa región goza de un nivel de autonomía que no es común en Europa y en el mundo”.
La otra vía apunta a un cálculo electoral. El Gobierno mantiene la mayoría parlamentaria gracias a los votos de los partidos ERC y Euskal Herria Bildu. Ambos son de corte regional, el primero de Cataluña y el segundo del País Vasco, y defienden ideas de independencia para sus regiones. “Habla de utilidad pública cuando la única utilidad es la suya privada”, le ha recriminado Pablo Casado, líder de PP, a Sánchez. Los votos independentistas le dan viabilidad al Gobierno.
Sea cual sea la intención del presidente español, lo que pase a partir de su decisión decidirá su futuro político. Además, puede enviar un mensaje al resto de regiones europeas (ver recuadros) que luchan por ser Estados independientes. “La Unión Europea reconoce la autodeterminación de los pueblos, y en ese sentido su posición puede ser vista como ambigua porque si bien estimula la participación de la sociedad civil, señala que esta se debe dar dentro de los márgenes constitucionales de los Estados”, señala Piñeros, “y ahí es cuando se produce la diferencia”. Que si hay separación sea bajo la ruta que el Estado original tiene prevista.
Poco indica, más allá de la esperanza, que llegar a ese consenso o a cualquier otro vaya a ser más fácil a partir de estos indultos. Lo que ya lograron fue el desembarco en Barcelona de las grandes cabezas del Estado. Sánchez se citó allí con el presidente catalán, Pere Aragonès y ambos acordaron otra reunión en Madrid.
Al poder civil lo antecedió la visita corta del rey Felipe VI, el mismo que durante los hechos claves de 2017 se dirigió a la nación en un discurso en contra del separatismo. El monarca no es una figura muy querida en la región. En la encuesta de mayo pasado del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, el 72.3 % prefirió la república antes que la monarquía (15.1 %).
En la trastienda del panorama, la esperanza de Sánchez y de la institucionalidad española es que el perdón que el Gobierno acaba de otorgar a los líderes independentistas no genere unas consecuencias por las que el presidente deba pedir perdón años después
