El inicio del diálogo en Venezuela llevó a la oposición a detener la agenda de acciones contra el presidente, Nicolás Maduro, entre las que se cuenta un juicio parlamentario al gobernante, así como la marcha que había sido convocada para este jueves y que pretendía movilizarse hasta el palacio presidencial.
La Asamblea Nacional de contundente mayoría opositora anunció que pospuso “por unos días” el debate previsto para determinar la responsabilidad política de Maduro en lo que la Cámara considera la “ruptura del hilo constitucional” en el país. El diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora, pidió diferir el debate “dado el hecho de que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país”.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, aclaró en la sesión que si en “pocos días” el diálogo con el Gobierno no reporta resultados, la oposición tendrá que levantarse de la mesa de conversaciones.
“Si pasan unos pocos días, 10, 12 días y no tenemos resultados, pues tendremos que pararnos y cada cual seguirá activando sus propios mecanismos”, dijo el diputado.
Apuntó que para el próximo día 11 está estipulada una reunión entre las partes y que para los dos días siguientes hay que ver si lo que la oposición ha propuesto en ese espacio “están marchando o no”.
Para Ramos Allup es “legítimo y comprensible” que el Gobierno plantee diferir la discusión en la AN sobre la “ruptura del orden constitucional” mientras se dialoga y aseguró que al chavismo le “preocupa” lo que pueda decir la comunidad internacional ante un pronunciamiento de la Cámara sobre este tema.
La suspensión temporal de las actividades fue celebrada por Maduro que felicitó a la oposición por haber tomado “decisiones sensatas” como resultado del diálogo que se instaló el pasado domingo en Caracas con el apoyo de acompañantes internacionales y de un representante de la iglesia católica.
Sin embargo, Maduro señaló que el proceso parlamentario en su contra por la supuesta “ruptura del orden constitucional” era un acto “ilegal e inconstitucional” y también apuntó que quien llame a marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores es un “criminal.
