El gobierno estadounidense se pronunció este miércoles por primera vez a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos, alegando que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado frutos.
Tony Blinken, el segundo asesor más importante para Obama en asuntos de seguridad nacional, le dijo al senador demócrata Bob Menéndez que “no nos opondríamos a avanzar con sanciones adicionales”.
Blinken compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en busca de ser confirmado como subsecretario de Estado, con lo cual se convertiría en el segundo diplomático más importante del servicio exterior estadounidense, sólo debajo de John Kerry.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos de año.
Menéndez es uno de los autores de un proyecto de ley que busca suspender visas y congelar activos en Estados Unidos a funcionarios venezolanos vinculados a violaciones de derechos humanos.
La Cámara de Representantes aprobó en mayo la medida, la cual se estancó en el Senado ante las objeciones de la senadora demócrata Mary Landrieu de que las sanciones eventualmente provocaran despidos en una planta que la petrolera venezolana Citgo posee en Luisiana.
Landrieu busca dar la sorpresa y vencer a su rival republicano Bill Cassidy cuando celebren la segunda vuelta el 6 de diciembre.
El proyecto de ley, que tuvo en el senador republicano por Florida Marco Rubio a otro de sus autores, tiene vigencia hasta que termine el actual periodo legislativo a fines de diciembre.
El nuevo Congreso se instalará a comienzos de enero.
A comienzos de mes, un ente adscrito al Departamento de Comercio incrementó sus sanciones sobre Venezuela, alegando la represión a las protestas.
En un memorándum, la Oficina de Industria y Seguridad señaló que limitaba aún más la venta de armas a Venezuela “en respuesta a la violenta represión de los militares venezolanos sobre la población venezolana”.
El despacho agregó que los abusos perpetrados por los militares venezolanos constituyen “una amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Las restricciones se suman a un embargo de armamentos que Estados Unidos impuso a Venezuela en 2006 por una deficiente cooperación en actividades antiterroristas.
Algunos analistas indican que las sanciones probablemente ayudarán a Maduro mientras intenta controlar una disidencia interna y una economía atribulada.
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