El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno en el Plan Financiero de 2026 carece de mecanismos claros para garantizar la reducción del gasto, por lo que considera que el plan resulta “poco creíble”.
Según el organismo, el faltante de recursos para cumplir la meta fiscal planteada por el Gobierno asciende a $32,1 billones, equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Puede leer: Colombia proyecta reducir su déficit fiscal al 5,1% del PIB en 2026, según actualización del Plan Financiero
Aunque el plan oficial proyecta una reducción del déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses— hasta 2,1% del PIB en 2026, el Comité advierte que no existen medidas claras que garanticen el recorte del gasto necesario para alcanzar ese objetivo.
Riesgo de mayor déficit y aumento de la deuda pública
En el escenario base del Carf, las cuentas fiscales podrían deteriorarse más de lo previsto por el Gobierno. Bajo ese análisis, el déficit primario en 2026 sería de 3,7% del PIB, significativamente superior a la meta oficial.
Con ese resultado, el déficit fiscal total alcanzaría 6,7% del PIB y la deuda neta del Gobierno Nacional Central subiría hasta 60,3% del PIB, es decir, 1,8 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2025.
Vea aquí: “El deterioro fiscal del país terminará encareciendo los créditos para hogares y empresas”: presidente del Carf
El Comité también advierte que, dado que la meta de déficit primario para 2027 se mantiene en 0,3% del PIB, el país tendría que realizar un ajuste fiscal de 3,4 puntos del PIB en un solo año, algo que considera poco probable.
En un escenario de mayores riesgos, el Carf estima que el déficit primario podría aumentar a 4,2% del PIB, el déficit total a 7,2% y la deuda neta a 60,7% del PIB.
Entre los factores que podrían afectar las cuentas públicas se encuentran el impacto del aumento del salario mínimo (0,3% del PIB), el efecto directo de la reforma laboral (0,2% del PIB) y la entrada en vigor de la reforma pensional, dependiendo de la decisión de la Corte Constitucional (0,2% del PIB).
Le puede interesar: Gobierno Petro culminaría su mandato pagando $61 billones en solo intereses: $8,7 billones más que en 2025
Un factor positivo sería un mayor precio del petróleo, que podría ubicarse en US$79 por barril, por encima de la proyección del Gobierno de US$59,2 por barril.
Señales de recalentamiento en la economía colombiana
El Carf también identificó señales de recalentamiento de la economía, lo que en un contexto de alta deuda pública podría hacer inconveniente el impulso fiscal aplicado por el Gobierno en 2025.
Entre los indicadores que muestran presiones en la economía están el alto crecimiento de la demanda interna (3,9% en 2025), una inflación persistente que cerró en 5,1%, el aumento de las expectativas inflacionarias, la caída del desempleo a mínimos históricos y el deterioro del déficit comercial.
Para el Comité, estos factores sugieren la presencia de excesos de demanda que podrían intensificarse si la política fiscal continúa siendo expansiva.
Más noticias: Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?
Ajuste fiscal y reformas estructurales, el principal desafío
A pesar de que algunas operaciones de manejo de deuda permitieron reducir temporalmente el peso de la deuda pública, el Carf alerta que la mayoría de estos efectos no serán permanentes.
De hecho, aunque la deuda neta cerró 2025 en 58,5% del PIB, por debajo de la proyección oficial de 61,3%, estabilizarla en ese nivel exigirá un ajuste fiscal significativo en los próximos años.
El Comité calcula que el esfuerzo requerido para estabilizar la deuda pública se ubica entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB frente a los niveles actuales.
Lea también: Próximo presidente de Colombia heredará déficit histórico comparable con los años 90 y la pandemia
Ante este panorama, el organismo concluye que reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible será cada vez más desafiante, por lo que considera imprescindible que el Gobierno y el Congreso acuerden reformas estructurales que permitan aumentar los ingresos o reducir el gasto de manera permanente.