Un juez federal de Estados Unidos prohibió este lunes la mayoría de los arrestos realizados por agentes migratorios en y alrededor de varios tribunales de inmigración de Manhattan, una decisión que representa un duro revés para una práctica implementada durante la administración de Donald Trump y que había generado temor entre miles de migrantes.
El fallo fue emitido por el juez de distrito P. Kevin Castel y aplica específicamente a tres sedes judiciales ubicadas en Nueva York: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, lugares donde diariamente se desarrollan procedimientos relacionados con inmigración y solicitudes de asilo.
La medida impide que agentes federales realicen arrestos rutinarios dentro o cerca de estos tribunales, salvo en casos excepcionales relacionados con amenazas graves a la seguridad pública.
La decisión llega después de meses de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles y migratorios, que aseguraban que las detenciones estaban sembrando miedo entre los migrantes obligados a comparecer ante jueces de inmigración.
Durante los últimos años, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron operativos dentro de los edificios judiciales o en sus inmediaciones para detener a personas que acudían a audiencias obligatorias. Las escenas, en algunos casos grabadas en video, mostraban a migrantes siendo separados de sus familias y trasladados bajo custodia tras salir de las salas de audiencia.
El juez Castel reconoció en su fallo que el Gobierno tiene un interés legítimo en hacer cumplir las leyes migratorias, pero consideró que también existe un interés público fundamental en garantizar que las personas puedan asistir a sus procesos judiciales “sin temor a ser arrestadas”.
Según explicó el magistrado, impedir que los migrantes comparezcan libremente ante los tribunales afecta el acceso al debido proceso y obstaculiza la posibilidad de presentar solicitudes de asilo u otras defensas legales.
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El fallo también cuestionó cambios recientes en las políticas federales. Castel señaló que una normativa vigente hace cinco años limitaba este tipo de arrestos, pero posteriormente fue retirada durante el regreso de Trump a la Casa Blanca. El juez sugirió que esa modificación podría considerarse “arbitraria y caprichosa”.
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Además, indicó que abogados del propio Gobierno cambiaron recientemente su interpretación sobre las políticas de arrestos, argumentando que las normas implementadas en 2025 ni siquiera aplicaban específicamente a los tribunales de inmigración.
La demanda fue presentada por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Make the Road NY, junto con otros grupos defensores de inmigrantes.
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Amy Belsher, directora de litigio sobre derechos de inmigrantes de la NYCLU, celebró la decisión y aseguró que representa “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos” que necesitan acudir de manera segura a sus audiencias migratorias.
Por su parte, Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, afirmó que muchos jóvenes inmigrantes vivían aterrorizados ante la posibilidad de ser arrestados mientras cumplían con citas judiciales obligatorias.
“El personal sigue trabajando incansablemente para apoyar a quienes se han visto afectados por los arrestos en los tribunales y otras políticas crueles”, indicó Baltimore en un comunicado.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no han emitido comentarios oficiales sobre la decisión judicial.
Aunque el fallo no tiene alcance nacional, organizaciones migratorias consideran que podría influir en futuros casos similares en otras ciudades de Estados Unidos.
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