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Bukele usa pandillas como excusa para atacar a la prensa

El Presidente de El Salvador impuso penas de hasta 15 años de cárcel para quienes informen sobre las sangrientas maras.

  • Nayib Bukele, de 40 años, lleva los últimos tres como presidente de El Salvador. Su mandato ha sido polémico. Getty
    Nayib Bukele, de 40 años, lleva los últimos tres como presidente de El Salvador. Su mandato ha sido polémico. Getty
Publicado el 20 de abril de 2022

Si un periodista de El Salvador informa sobre las pandillas de ese país, podría terminar en prisión hasta 15 años por, a juicio del gobierno de Nayib Bukele, violar un estado de excepción que busca arremeter contra la violencia de las maras, pero que terminó atacando la libertad de prensa.

El presidente salvadoreño vuelve a protagonizar un hecho que atenta contra la libertad de prensa y que tiene a los reporteros de ese país en medio de una dicotomía: quedarse o huir para preservar su libertad.

El mandatario aprobó un estado de excepción usando la inseguridad causada por los conflictos entre pandillas como pretexto. La medida veta a los periodistas para cubrir lo que sucede con las maras, contar en qué zonas ejercen control territorial, difundir sus mensajes o compartir imágenes que hagan alusión a ellas, sobre todo a la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, las más conflictivas del país de 6,4 millones de habitantes.

Bukele emitió dos decretos legislativos que ya fueron aprobados por el Congreso. Esos documentos dejaron en el papel que no se puede comunicar sobre esos grupos armados, excusándose en que dejar de informar sobre las pandillas es una forma de luchar contra estas.

A juicio de los comunicadores, agremiados en la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el gobierno no está combatiendo a las pandillas, sino a los mismos periodistas. La determinación, además, no es la primera que afecta la libertad de prensa, pues en enero se conoció que el Ejecutivo estuvo espiando a los reporteros a través del software Pegasus.

“En El Salvador no hay garantías para seguir trabajando con normalidad porque el riesgo de detención es alto. Al ser tan ambiguas estas reformas cualquiera las puede interpretar a su antojo”, considera César Fagoaga, vocero de la APES.

Fagoaga es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron los medios de comunicación contra las medidas del estado de excepción ordenado por Bukele, y que llamaron la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el catálogo de irregularidades del Gobierno contra los medios que lleva la SIP ya se cuentan reformas penales, la ley mordaza, hechos de vigilancia y persecución a través del software Pegasus y con otros recursos tecnológicos que cercan la labor de los canales de información.

En medio de la polémica, Bukele se muestra convencido de que sus determinaciones no atentan contra la libertad de expresión y, por el contrario, son la respuesta a los problemas de seguridad del país. La situación de violencia en El Salvador es álgida: en los últimos 24 días la Policía arrestó a 13.573 presuntos terroristas.

Con 40 años de edad y casi tres de estos en el poder, Bukele es de polémicas. Se autodenomina como “CEO” de El Salvador, hizo de su país un experimento económico al institucionalizar el bitcoin como una moneda válida para todas las transacciones y su discurso de mano dura contra los pandilleros se tradujo en imágenes de presos a medio vestir amarrados en las cárceles.

Incluso, juntó a los reos de grupos enemigos en los centros de reclusión, ignorando que esa decisión es el caldo de cultivo para una riña a muerte entre los pandilleros. La prensa tiene un panorama gris en El Salvador, una geografía convulsa del Triángulo Norte de Centroamérica, donde el narcotráfico y la mano dura de Bukele amenazan con ser una mordaza letal


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