Esta semana, las multitudinarias marchas que paralizaron las calles de Caracas, Venezuela, terminaron de confirmar el descontento de los venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el paro que convocaron los opositores para este viernes tuvo poca acogida. ¿Por qué?
La necesidad de comerciantes y empresarios de abrir sus negocios y la urgencia por conseguir alimentos, en un país sumido en una profunda crisis económica, pudo tener mucho que ver.
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Si bien algunas tiendas cerraron y el tráfico era menor al de costumbre, la mayoría de los residentes de Caracas ignoraron el llamado a permanecer en sus casas como parte de la protesta de 12 horas contra el gobernante. El transporte público operó con normalidad.
La oposición llamó a paralizar las actividades para exigir la salida del poder de Maduro luego de que las autoridades electorales echaran por tierra la posibilidad de realizar un referendo revocatorio de su mandato.
“Hoy ha triunfado la paz, ha fracasado el paro de la oligarquía”, dijo Maduro ante una multitud de seguidores frente al palacio de gobierno.
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Altos funcionarios habían amenazado la víspera con expropiar a las empresas que se sumaran a la protesta pese a que los principales gremios empresariales insistieron en que no era un paro patronal y comercial.
Algunos venezolanos simplemente dijeron que no podían darse el lujo de permanecer en su casa.
“Si no salgo a comprar no como esta noche”, dijo Gipssy Bracho, una jubilada de 59 años.
Incluso en el bastión de la oposición en el este de Caracas desde madres jóvenes a personas de avanzada edad hicieron fila por horas para comprar en el único día en que pueden conseguir alimentos a precios subvencionados.
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El llamado al paro recordó a algunos las tácticas empleadas por la oposición en 2002 antes del golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Pero a diferencia de Chávez, que aún es venerado, su sucesor no cuenta con un amplio apoyo popular y según diversas encuestas 80% de los electores desean que Maduro abandone el poder.
“Tengo un vecino que amaneció enfermo pero igualito fue a trabajar por miedo a que en el ministerio pensaran que es un escuálido (como los oficialistas llaman a sus opositores). Como él debe haber muchos”, dijo Ana Sofía Rojas, una empleada doméstica de 53 años.
El Estado es uno de los mayores empleadores del país. De acuerdo con el último censo realizado en 2011 en Venezuela existían 2,4 millones de empleados públicos, pero algunos analistas estiman que esa cifra pudo haberse duplicado.
La oposición convocó a una marcha al palacio presidencial el 3 de noviembre si no se revierte el bloqueo al referendo.
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Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron el martes realizar un juicio político a Maduro. Pero es poco probable que el proceso tenga consecuencias judiciales porque la ley establece que debe ser avalado por la Contraloría y la Fiscalía General y la decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, todos señalados de estar bajo el control del oficialismo.
El gobierno respondió al paro con una mezcla de amenazas y apelaciones a su base entre los trabajadores.
Para subrayar el riesgo de represalias agentes fuertemente armados de la policía política se apostaron desde el jueves frente a las oficinas y la mansión de Lorenzo Mendoza, jefe de Empresas Polar, el mayor fabricante de alimentos procesados del país.
Andrés Garbán, un empleado del Departamento Legal de Polar, dijo que él y muchos de sus colegas trabajaron el viernes contra su voluntad para proteger sus empleos.
“Ellos se creen los dueños de Venezuela”, dijo el joven de 24 años mirando a la policía que custodiaba una fábrica de cerveza.
Garbán lamentó no haber podido ejercer sus “derechos cívicos... gracias a la intimidación no tuve más remedio que venir a trabajar”.
