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Secretario de Seguridad habló sobre polémico contrato del sistema de reconocimiento facial

La firma española Herta, que provee la tecnología, aseguró que era el único oferente en el mercado, en tanto que hay versiones que la contradicen.

  • Los denunciantes han dicho que los sacaron de manera irregular para que el contrato se direccionara. FOTO Camilo Suárez
    Los denunciantes han dicho que los sacaron de manera irregular para que el contrato se direccionara. FOTO Camilo Suárez
  • Secretario de Seguridad habló sobre polémico contrato del sistema de reconocimiento facial
03 de marzo de 2023
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El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, defendió la legalidad del contrato para la instalación de la plataforma tecnológica que promete la identificación de delincuentes en tiempo real mediante un sistema de reconocimiento facial que se conecta con las bases de datos de la Policía. En el mismo sentido se pronunció la firma española Herta Security, dueña de la tecnología que se eligió.

Las reacciones tienen que ver con una denuncia que publicó EL COLOMBIANO, el pasado 10 de enero, en la que se plantean presuntas irregularidades en este negocio. La denuncia la instauró ante la Procuraduría una veeduría llamada Control Social de la Gestión Pública de Colombia. Pero también protestó por el proceso de contratación la firma Botari Internacional SAS que sintió que la excluyeron de manera irregular para que no concursara.

Los denunciantes señalan que el contrato se asignó de forma directa en vez de sacarlo a licitación, a sabiendas de que habría varias empresas que podían tener lo que necesitaba el Distrito de Medellín. Es decir que no se cumplía la condición de que solo hubiera un oferente en el mercado.

Control Social cuestionó también que el proceso lo sacó de manera directa la Secretaría de Seguridad y Convivencia y no a través de la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), como normalmente ocurre con la adquisición de herramientas tecnológicas para el uso de la ciudad.

En su momento este medio consultó la versión del secretario Acevedo y de Integradores SAS –la firma que representa a Herta en el país-; sin embargo, en la oficina del primero dijeron que este se encontraba de vacaciones y nadie más podía asumir la vocería; mientras que el representante legal de la segunda se abstuvo de dar declaraciones.

Tras la publicación, Acevedo se comunicó con este medio y sostuvo que tenía argumentos legales para no sacar el contrato a concurso. Explicó que en 2020 la Secretaría realizó un diagnóstico de las soluciones tecnológicas disponibles para poner a dialogar las imágenes de las cámaras de reconocimiento facial con las bases de datos disponibles. Entonces, dijo, tomaron en cuenta las opciones de NEC (tecnología que usan las cámaras del estadio Atanasio Girardot) y el sistema Abis (Automatic BioMetric Identification System) diseñado por Herta y que ya usa la Policía Nacional. La conclusión, añadió, fue que la segunda opción era la más apropiada “toda vez que su condición técnica permite una integración nativa y compatibilidad completa entre ambas plataformas sin desarrollos complejos y con costos asociados en su implementación y mantenimiento en el tiempo”.

Si el secretario actuó o no como la norma lo indica es algo que definirán los órganos de control. Mientras tanto, en la respuesta de un derecho de petición, Acevedo había hablado no de un diagnóstico sino de un estudio de mercado, documento que no anexó ni a la respuesta ni a la plataforma de contratación Secop.

Asimismo, sobre el segundo cuestionamiento, en la respuesta a la Procuraduría, había aseverado que aunque en algunas ocasiones la ESU se ha usado para adquirir productos o servicios que requiere el Distrito, la Secretaría de Seguridad, a su cargo, es autónoma para contratar.

Un vocero de la firma Steling Consulting, que actúa como integrador de la soluciones de NEC y Safr le ratificó a EL COLOMBIANO, previa consulta a esas compañías, que hubiera estado en capacidad de cumplir con el requerimiento técnico de la Secretaría de Seguridad para el contrato mencionado y a unos precios competitivos. Además, dijo que se les hizo extraño que ese proceso se hiciera de manera directa y no en libre competencia.

De otro lado, el director de Herta, Javier Rodríguez, rechazó que se sugiera que su empresa ha suscrito contratos con visos de ilegalidad, remarcó la trayectoria de esta y afirmó que sí es “el único proveedor que puede proporcionar la tecnología requerida para el proyecto Abis”, en una carta dirigida a EL COLOMBIANO.

Así mismo, sostuvo que detrás de Botari, la firma que se identificó como perjudicada con la contratación directa en este caso y que en el pasado ha sido representante de Herta en Colombia, está un exempleado suyo que les hizo daño, al punto que prescindieron de él, y ahora les hace competencia.

Alrededor del tema no solo estarían los $3.738 millones que es el valor del contrato con la Secretaría de Seguridad sino una cuantía mayor, de acuerdo con Botari. La razón es que solo en el Plan Integral de Zonas Seguras de Medellín puede haber alrededor de 3.000 cámaras. Todas contarían con el sistema de reconocimiento facial y conexión a la plataforma digital, es decir que deberán pagar por licencias a la firma que provea el software entre $43.500 y $58.500 millones, si se aplican las tarifas de Herta.

Al respecto Rodríguez aduce que “ni hemos ingresado ni vamos a ingresar las cantidades que se sugieren (...). Todo lo contrario, Herta solo percibirá un pequeño porcentaje de los totales de cada contrato”.

Un representante de Botari le dijo a este diario que prepara una queja contra Herta ante los organismos españoles que dirimen conflictos empresariales, ya que se habría cometido una irregularidad al delegarle a Integradores la representación para el Abis, mientras que también tenía un pacto de representación con Botari.

Por su parte, Herta le entregó a EL COLOMBIANO una carta del 31 de enero de 2022 en la que comunica que Botari no lo representa más en el país desde esa fecha, y Botari aduce que nunca se la dieron a conocer. Dos versiones que se pondrían en confrontación en los tribunales ibéricos.

$3.738
millones es el valor del contrato entre la Secretaría de Seguridad y la firma Herta Security.
$3.738
millones es el valor del contrato entre la Secretaría de Seguridad y la firma Herta Security.

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