A pesar de las múltiples alertas que desde comienzos de este año se han elevado por el riesgo de prescripción, el caso que avanza en contra del político de origen liberal Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado sigue sufriendo contratiempos.
Este miércoles estaba programada una audiencia preparatoria, que terminó aplazándose para dentro de un mes por solicitud de la defensa del político y con el aval de la Fiscalía.
Dicha audiencia preparatoria, que sucede a la formulación de acusación y antecede al juicio oral, es una etapa clave en la que se definen las pruebas del caso y es uno de los momentos más delicados del proceso.
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Cabe recordar que, desde comienzos de este año, desde múltiples instancias se ha manifestado preocupación por el alto riesgo de que el caso se caiga sin que llegue a resolverse.
La razón es que el caso en contra del exsenador viene avanzando desde mediados de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a rendir indagatoria a raíz de un escándalo en el que fue señalado de presuntamente hacer trampa para graduarse en la Universidad de Medellín como abogado.
Dentro de las conductas de las que es señalado Bedoya está la de supuestamente haber incurrido en irregularidades cuando presentó sus exámenes de suficiencia (los cuales habrían sido realizados por profesores que no impartían las materias evaluadas), haber presentado un trabajo de grado en el que no habría tenido participación efectiva, entre otras.
Con base en esas cuentas, el caso podría prescribir a mediados de este año, ya que, según ha planteado el equipo que representa a esa universidad en el proceso, esos delitos tienen un término de prescripción de seis años desde que Bedoya compareció por primera vez.
Lo que se discutió en la audiencia de este miércoles
Pocos minutos después de iniciada la sesión, citada para las 9:00 de la mañana, el defensor del exsenador Bedoya, el exvicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, tuvo la palabra y pidió de entrada aplazar la diligencia, señalando estar atrasado en el análisis del material probatorio.
“Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de análisis del descubrimiento probatorio efectuado por la Fiscalía; sin embargo, en esta audiencia y por lealtad procesal, debo manifestarle que este defensor no ha culminado el análisis total del descubrimiento probatorio”, dijo Perdomo.
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A lo largo de su exposición, Perdomo afirmó que apenas el pasado 8 de mayo la defensa había tenido acceso a todos los elementos del caso y que, a raíz del cronograma que lleva el mismo, se había quedado corta para analizarlos en su totalidad de forma adecuada.
“Tuvimos unas sesiones los días 18, 19, 20 y 23 de marzo, 6, 7, 21, 24 y 28 de abril, y la última sesión fue el 8 de mayo. Ese día fue que efectivamente finalizamos con actas el descubrimiento (...). Desde ese momento hasta hoy hemos tenido pocos días hábiles dentro de los cuales hemos tenido que hacer ese análisis”, agregó, asegurando que dentro de las pruebas allegadas por la Fiscalía se habrían encontrado documentos mal escaneados, incompletos y con errores en su foliatura.
Según el defensor, de un universo de 624 elementos, que juntos tenían un peso virtual de 120 gigabytes, solo había alcanzado a revisar adecuadamente hasta este miércoles entre un 20% y 25% de la información.
Luego de la intervención de Perdomo, habló la Fiscalía, que no se opuso a su solicitud y consideró que era justo que la audiencia se aplazara.
“Considero que está dentro del debido proceso la oportunidad, y precisamente esta audiencia es para que se formulen y se conjuren todas estas situaciones”, dijo la nueva fiscal del caso, Adriana Dioselina Arango.
Vale recordar que Arango fue precisamente asignada a ese caso el pasado 8 de mayo por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien en una resolución señaló que la medida era necesaria para evitar que el caso prescribiera.
En medio de la sesión, fue la Universidad de Medellín la única que expresó reparos a que la audiencia continuara moviéndose.
“Esta audiencia de acusación inició el 7 de octubre del 2024 en un juzgado en Medellín. Ya acumula, y así lo ha denunciado no solo el Tribunal de Medellín, sino el de Bogotá, cerca de dos años en su trámite por maniobras que han sido calificadas por estos dos tribunales a cargo de la defensa como tendientes a no perseguir la protección de garantías procesales, sino por el contrario, hacer un uso dilatorio del derecho a la defensa”, expresó el apoderado de la institución, señalando además que muchas de las pruebas que se analizan en la audiencia preparatoria ya han sido objeto de discusión incluso cuando el caso estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de analizar lo planteado por todas las partes, la jueza hizo una pausa de unos breves minutos y procedió a pronunciarse, avalando el aplazamiento de la diligencia.
En sus consideraciones, la togada hizo hincapié en ver con preocupación las largas que ha tenido el proceso, pero consideró que, para respetar las garantías de todas las partes, era necesario que dicha verificación probatoria fuera realizada con rigor.
“El despacho no desconoce lo indicado por el señor apoderado de víctimas; sin embargo, la Fiscalía debe asumir esa depuración técnica, esa clarificación documental. Esa garantía también se da a través de ella frente al derecho de las víctimas, quienes dependen de esa actuación diligente del ente acusador”, dijo el juzgado.
Finalmente, el juzgado levantó la sesión y volvió a citar para los días 24, 25 y 26 de junio a las 9:00 de la mañana la realización de la audiencia preparatoria.
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