El fracaso de la Alianza Público Privada (APP) impulsada por Daniel Quintero se debió a las dudas sobre la transparencia del proceso, la fuerte oposición social por el posible desalojo de 600 venteros y el riesgo de entregar el control del complejo deportivo por 30 años a un operador privado.
De no ocurrir nada extraordinario, entre el 2027 y 2028, Medellín tendrá finalmente la remodelación de su estadio, una inversión de $750.000 que se hará en su totalidad con recursos públicos, un modelo radicalmente distinto al que promovió la pasada administración de Daniel Quintero a través de la Agencia para las Alianzas Público Privadas (APP).
Hay que recordar que, durante su administración, Quintero prometió una y otra vez un ambicioso plan de remodelación del estadio que nunca ocurrió.
Apenas iba en su primer año de mandato, en octubre del 2020, cuando hizo un evento en el estadio al que invitó al exdirector técnico Francisco Maturana, al periodista Wbeimar Muñoz y a las hinchadas de los dos equipos para presentar el supuesto proyecto de remodelación. “Medellín no le tiene miedo a los grandes retos. La ciudad tendrá una nueva Unidad Deportiva, adecuada como los mejores estadios del mundo”, prometió.
Nada se volvió a saber del tema hasta febrero del 2022, cuando escribió en su cuenta de X: avanza el proyecto de entrega de más de 6.000 lavadoras a mujeres de Medellín. El próximo 2 de marzo será la publicación de pliegos para la licitación del concesionario del estadio Atanasio Girardot”. Al final de su mandato ninguna de las dos cosas ocurrió: ni entregó lavadoras ni se hizo nada en el estadio.
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En otro trino, en mayo, escribió: “presentaremos los pliegos para empresarios para la construcción del Estadio Atanasio Girardot”. En julio de ese año volvió a referirse a esa promesa incumplida.
El proyecto de Quintero, que buscaba una inversión estimada en alrededor de $650.000 millones de pesos, se quedó en renders y promesas debido a una combinación de factores que señalaban la priorización de un negocio privado multimillonario sobre el interés público y la falta de claridad en su adjudicación.
La propuesta de APP se planteó como una concesión a privados por 30 años. Fuentes confidenciales de la época señalaron que el negocio total, incluyendo la modernización y la explotación futura, podría alcanzar entre $1.2 y $1.4 billones de pesos.
El operador que se adjudicara el proyecto no solo ejecutaría la obra, sino que obtendría el manejo de todo el complejo deportivo. Esto incluía la explotación de la publicidad, los parqueaderos, áreas comerciales (como un centro comercial o un hotel proyectado) y, crucialmente, la capacidad de programar y lucrarse de conciertos masivos y otros espectáculos. Quien ganara la concesión definiría incluso el costo y la disponibilidad del alquiler del estadio para los equipos de fútbol de la ciudad.
Esta potencial privatización de la operación del Atanasio Girardot fue una de las principales alarmas. El actual alcalde, Federico Gutiérrez, al anunciar el nuevo proyecto público, criticó directamente el modelo APP, señalando que implicaba ceder el control del estadio durante casi tres décadas a un privado, lo que podría afectar a los equipos y a las hinchadas.
Otro punto de quiebre fue el impacto social y urbano. El proyecto de APP implicaba el riesgo de desplazar a los venteros tradicionales que llevan más de 20 años trabajando en el Atanasio.
Líderes de los arrendatarios, que representan a cerca de 600 trabajadores, manifestaron su descontento y zozobra. Aunque estaban dispuestos a transformarse, la Agencia APP les comunicó que no se podía garantizar su participación, recomendándoles negociar directamente y de manera autónoma con el futuro concesionario, sin mediación de la Alcaldía. Este panorama dejaba a los venteros sin el músculo financiero para competir con grandes empresas, quedando en clara desventaja.
Además, la remodelación por APP ponía en riesgo un icono de la ciudad: el Parque del Ajedrez. De acuerdo con los planos, este espacio, que es considerado el único de su tipo en América, sería derribado para construir un edificio gastronómico.
A pesar de que el director de la APP, Rodrigo Foronda, había asegurado a mediados de 2022 que el proceso de licitación estaba listo y las obras comenzarían en junio o julio de 2023, el proyecto no avanzó. Las fechas se corrieron repetidamente, y la publicación de pliegos definitivos se retrasó, acercándose al final del mandato de Quintero.
Fuentes de la época lanzaron la alerta de que el proceso no era transparente y se intentaba llevar a cabo mediante un ”acuerdo, casi secreto” para que la ciudad lo conociera cuando ya estuviera consumado.
La Contraloría y la Procuraduría fueron alertadas sobre la necesidad de vigilar este negocio que, según los denunciantes, convertiría el disfrute gratuito del complejo deportivo en un negocio de cobro rentable para garantizar el retorno de la inversión, sin el debate necesario con la ciudad.
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Sobre la licitación del proyecto de remodelación que presentó ayer Gutiérrez, el mandatario aseguró que “necesito que se presenten los mejores y que gane el mejor, y que el contratista que se gane esta obra le responda a la ciudad”.
El cronograma soñado es que la licitación se abra en abril del otro año, las obras empiecen en junio y el remodelado estadio esté terminado para diciembre del 2027, aunque puede extenderse unos meses más si el cronograma definitivo así lo requiere. Gutiérrez fue insistente en que, aunque le gustaría inaugurarlo en su administración, lo más importante es respetar los tiempos que sean necesarios sin correr ningún riesgo.
Gutiérrez ha asegurado que el modelo de financiación pública permite que el municipio mantenga el control total del estadio y que, además, protegerá a los venteros de toda la vida del estadio, prometiendo potenciar sus negocios. Con este nuevo enfoque, la remodelación del Atanasio busca aumentar su capacidad a 60.000 espectadores, manteniendo su vocación principal en el fútbol, mientras se evitan los riesgos de privatización y la demolición de espacios públicos emblemáticos.
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