Dicen que la imaginación no tiene límites, y al parecer, la astucia para delinquir tampoco. Gracias a un operativo simultáneo en Medellín, Planeta Rica, Córdoba, y Aguachica, Cesar, fueron capturados por orden judicial ocho presuntos integrantes de una red dedicada al hurto, la alteración y la legalización fraudulenta de motocicletas en Medellín y otros municipios del país.
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La investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que duró un año y medio, permitió determinar que esta organización, supuestamente, después de robar las motos, les modificaba las patentes de motor y chasis para legalizarlas con lo que serían documentos falsos.
Lo más delicado de todo es que, al parecer, dos exfuncionarios de organismos de tránsito y otro más activo, eran quienes les ayudaban a ingresar las motocicletas al Runt. Paso siguiente, una vez los vehículos eran “registrados”, los ofrecían por plataformas digitales para consumar su venta.
“Para evitar ser víctimas de estafa o adquirir vehículos con antecedentes, invitamos a la comunidad a tener en cuenta las siguientes medidas básicas de verificación: antes de comprar un vehículo usado acuda a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional para realizar la verificación o revisión técnico, pericial y confirmar su autenticidad; desconfíe de vehículos ofrecidos muy por debajo del precio del valor comercial, pues podría tratarse de un automotor con irregularidades”, dijo el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Por su parte, Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, mencionó que “Cuando se trabaja con inteligencia, articulación y presencia institucional, los cicloscriminales se rompen y se protege a ciudadanos que podrían ser víctimas de estas estafas y delitos patrimoniales. Nuestra ciudad no será refugio ni territorio para estructuras que pretendan legalizar delitos con tecnología o corrupción”.
Los capturados, quienes según las autoridades eran requeridos por concierto para delinquir, falsedad marcaria, receptación agravada, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal, fueron dejados a disposición de la Fiscalía para proceder con su judicialización.
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