Hoy, cuando se inicia formalmente la etapa de juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y doce personas más, entre ellos nueve funcionarios de su administración, por el caso de Aguas Vivas, siguen apareciendo indicios sobre actuaciones que, según algunos allegados a este proceso, habrían contribuido para tratar de que particulares le reclamaran al Distrito alrededor de $53.000 millones por un lote que ya figuraba como bien público.
En este caso se trata de un derecho de petición elevado por funcionarios de la anterior administración donde se habla de asuntos que luego fueron retomados por los particulares que hoy están acusados de posible peculado por apropiación dentro de su argumentación para buscar hacerse a la cuantiosa cifra de dinero de cuenta del erario.
También hay ocho funcionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Fuera de eso, por posible peculado están Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas, otro que ha figurado como socio minoritario en Aguas Vivas.
En el escrito de acusación, la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción incorporó 3.930 pruebas documentales en contra de estas 13 personas, incluyendo correos, informes periciales, inspecciones judiciales, evidencias fotográficas y planos. Ahí están por ejemplo los informes técnicos donde los profesionales de carrera dieron varios conceptos técnicos rechazando el camino de la conciliación con los dueños de Aguas Vivas.
Documentos en poder de EL COLOMBIANO demostrarían cómo desde marzo de 2021, o sea cuatro meses antes, se venía preparando una narrativa propicia para darle visos de legalidad al cobro de la jugosa cifra antes mencionada.
Vale la pena recordar que todo el lío legal de Aguas Vivas partió del presunto negociado con un megaterreno ubicado entre el sector de El Poblado y Las Palmas, en el oriente de la capital antioqueña.
En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -así se llama a un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que del erario pagaran más de $53.500 millones a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente, ante la fracasada conciliación debido a que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Concejo de Estado se opusieron, esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
Y la tramoya se habría completado cuando, al haber fracasado los intentos previos para presuntamente favorecer a los particulares —que dicho sea de paso han tenido conexión con el exgobernador aliado de Quintero, Luis Pérez—, Quintero y García expidieron el decreto 412 en mayo de 2023 en el que ampliaban la posibilidad de uso del predio Aguas Vivas, con lo cual lo valorizaban; norma que fue derogada por Federico Gutiérrez un tiempo después de posesionarse en el piso 12 de La Alpujarra.
Ya la Fiscalía presentó el escrito de acusación con un relato sobre la manera como cada uno de los presuntos implicados habría participado de un entramado para supuestamente actuar en favor de los particulares —contra los intereses públicos— y una relación de las pruebas que así lo demostrarían.
La diligencia programada para este 21 de noviembre constituye un hito porque marca el inicio de la etapa de juicio, un punto al que solo llegan el 6,8 por ciento de los procesos que inicia la Justicia en Colombia, de acuerdo con un informe que publicó en octubre la corporación Excelencia en la Justicia.
Pero además porque Quintero se había mostrado seguro, por lo menos en público, de que la fiscal del caso iba a optar por el archivo y en cambio consideró que había un sustento suficiente para continuar.
Volviendo al caso del derecho de petición que se podría convertir en nueva prueba, este fue interpuesto ante el Minvivienda el 27 de enero de 2021 por el Secretario General de la Alcaldía, Jhonatan Villada Palacio, con información de contexto bizarra, la cual además no menciona que se trate de Aguas Vivas aunque el relato apunta a que “huevo es y gallina lo opone”.
Para ese momento ya los antiguos dueños de Aguas Vivas habían pedido modificar los términos de la escritura que firmaron el 27 de diciembre de 2019, mediante la cual hicieron por su propia iniciativa, no del Municipio, “la cesión del bien inmueble en forma gratuita e irrevocable”, de manera que si en un año no lo hubieran monetizado les reconocieran su valor con recursos del erario. Esto es algo que los funcionarios de carácter técnico rechazaron por considerar que era ilegal que se pagara por algo que ya figuraba como bien del Municipio.
También el Concejo había aprobado el Plan de Desarrollo en el que el Valle del Software aparecía como su proyecto bandera y establecía que se construyera su sede principal en el Ecoparque Las Palmas, justo la zona donde está Aguas Vivas, adquiriendo ese predio un carácter estratégico.
Además, el secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya (uno de los que ahora están acusados de presunto interés indebido en contratos), contrariando los conceptos de los funcionarios técnicos de la Alcaldía, había aceptado que se hiciera un avalúo comercial del predio y por esta vía Aguas Vivas pasó de valer $2.987 millones del avalúo catastral, a más de 48.000 millones mediante el cálculo por la metodología de zonas homogéneas geoeconómicas. Así mismo, Montoya accedió a que la plata para pagarles su pretensión saliera del Fondo de Compensación por Obligaciones Urbanísticas y a no exigirles a los cedentes que hicieran obras por $3.000 millones.
En la consulta a su tocayo, el ministro Jonathan Malagón, Villada deja planteada una duda acerca de si la figura de la cesión anticipada y gratuita de predios por obligaciones urbanísticas es legal; si es viable hacer el pago de este tipo de compromisos cuando todavía no se han causado porque los proyectos ni siquiera tienen licencia; si aunque sea una entrega es gratis se debe tasar el valor del predio y si estos recursos deben ser recaudados por el Estado.
Fuera de eso, interroga si es posible entregar bajo esa figura suelos rurales o de protección (como ocurre con la mayor parte de Aguas Vivas) o si se debió hacer una compraventa con plata del Fondo de Obligaciones Urbanísticas del Municipio. Y finalmente es directo al preguntar si el Municipio puede pagarle al cedente por un predio bajo estas circunstancias si hace parte de una necesidad (como la que determinó el Plan de Desarrollo de Quintero sobre Aguas Vivas).
La respuesta al respecto las recibió el 24 de febrero siguiente. El director de Espacio Urbano y Territorial de entonces en Minvivienda, Camilo Quiroz, le dice que no se puede pronunciar de fondo sobre un tema que no es de su competencia por ser de carácter local y además implicaría un conocimiento más cercano de las circunstancias particulares.
No obstante, apunta que sí es posible hacer la cesión anticipada de predios por obligaciones urbanísticas si se trata de terrenos “convenientes para proyectos de utilidad pública o interés social que estén previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y/o complementen (...)”, pero concluye que “la figura que se expresa en la consulta denominada ‘lote receptor de obligaciones urbanísticas futuras’ no parece cumplir con la condición de ser de interés social o utilidad pública, “por lo que a juicio de este Ministerio no daría lugar” a la cesión anticipada.
Además, plantea que si había un proyecto de utilidad pública o interés social el lote debió adquirirse mediante instrumentos como la “enajenación voluntaria, expropiación judicial o, dependiendo de las determinaciones locales al efecto, expropiación administrativa”.
Después, el 16 de julio del mismo año 2021, al sustentar la solicitud de conciliación extrajudicial para que el Municipio les pagara $48.234 millones por el predio (según el cálculo hecho por la metodología de zonas homogéneas geoeconómicas) y la indemnización por los supuestos perjuicios, más $4.823 millones de intereses y un 5% del total por costas del proceso, es decir que en total eran poco más de $57.000 millones, los antiguos dueños de Aguas Vivas convirtieron las preguntas de Villada en certezas y en ese sentido plantearon que el Municipio no debió adquirir el lote por pago de obligaciones urbanísticas sino por enajenación voluntaria, lo cual implicaba un avalúo comercial y un reconocimiento de pago. Con esto, además de evidenciar una coincidencia excesiva con el Secretario General, desconocieron que cuando el predio pasó a manos del Municipio fue por petición de ellos mismos pues aún no existía el proyecto de sede para el Valle del Software y por ende el lote no era de utilidad pública.
Igualmente y para sustentar la supuesta ilegalidad de la escritura de 2019, traen a cuento que de los 130.958 metros cuadrados de Aguas Vivas, 10.510 son de área urbana y 120.447 de área rural y aunque no lo dice, parece coincidir por una parte con la duda de Villada acerca de la legalidad de aceptarlo como suelo de expansión urbana.
Llegan a afirmar incluso que el Municipio incurrió en un enriquecimiento injusto y los cedentes en un “empobrecimiento injustificado”.
Fuera de eso, la reclamación voltea la hoja diciendo que hubo incumplimiento contractual por el Municipio al no haber hecho ningún pago, desconociendo que esta no fue una condición inicial para la cesión y que el incumplimiento habría venido de parte de ellos al no haber hecho las obras de acceso y mobiliario que sí estaban escritas.
Un funcionario técnico que pidió no citar su nombre explicó que Villada le habría dado una información parcial al Ministerio y no explicó que el POT de la ciudad sí permite recibir suelos rurales como el de Aguas Vivas a condición de que tengan acceso por espacio público, además que no había lugar a comprar un lote que para esa fecha ya figuraba como propiedad del Municipio.
Esta fuente, que participó en las reuniones de la Secretaría General con otras dependencias de la Alcaldía donde se habló de ese asunto, resaltó el enorme parecido de la solicitud de conciliación, en forma y contenido, con las discusiones internas que se tuvieron.
Al ser consultado por EL COLOMBIANO, Villada indicó que no ha sido llamado por ninguna autoridad u organismo de control a dar explicaciones sobre lo anotado, pero que todas sus actuaciones estuvieron ajustadas a la normatividad vigente y que “la conjetura de que las líneas guardan relación es parte de la ideación mágica de alguien que quiere generar un perjuicio injustificado a mi buen nombre”.
Un experto le explicó a este diario que, de cualquier manera, ya este material no podrá incorporarse al expediente del proceso contra el exalcalde Quintero, los otros nueve funcionarios y los tres particulares. Si la Fiscalía lo considera pertinente, deberá abrir una investigación aparte.
El interés de las víctimas es que el proceso ya abierto avance y produzca decisiones pronto, por lo cual esperan que las próximas audiencias sobre Aguas Vivas se programen para los primeros meses del próximo año.
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