Los detalles de la presunta trama corrupta en la alcaldía
Hace tres semanas, en una de las audiencias para legalizar la captura de tres personas, dentro de uno de los procesos que se siguen al respecto -el de la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con los bomberos de Itagüí- el fiscal del caso reveló un correo en el que una persona que habría estado muy cerca del asunto indicó que dentro del AMVA, en la pasada administración funcionaba una red integrada por Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde de Medellín; el ex subdirector financiero del Área, Álvaro Vilada, y otros funcionarios para controlar la contratación dentro de esa entidad, de Metroparques, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). También habría particulares como Sebastián Ortega, hijo del influyente político de Bello William Ortega.
Igualmente, se han publicado chats con mensajes y audios en los cuales varios de estos personajes hablan de la manera como habrían influido para nombramientos de funcionarios y asignación de contratos.
También, EL COLOMBIANO ha publicado imágenes en las que Miguel Quintero aparece alardeando de lujos como un reloj Rolex, un auto Ferrari y un apartamento valioso, entre otras cosas.
Buena parte de esos elementos, que están en poder de la Fiscalía, habrían sido aportados por la persona que ahora busca un trato preferencial de parte de la Justicia y que fuera de lo anterior tendría acceso a otras pruebas incriminatorias que dejaría en manos de los investigadores, buscando que le sea aceptada una matriz de colaboración.
La petición fue radicada el pasado 3 de octubre, según aparece dentro del registro del caso publicado en la plataforma de la Rama Judicial en la cual también está la decisión de un juez de suspender de manera temporal la acción temporal contra quien interpuso mientras que se toma una decisión de fondo acerca de si se acepta.
Este paso, según fuentes conocedoras del proceso, sería muy importante con el fin de conocer cuáles fueron los artífices del presunto entramado corrupto y seguir la pista sobre a dónde fueron a parar los dineros que habrían malversado.
En 2023, la veeduría Todos por Medellín denunció un direccionamiento de contratos por $120.000 millones que habrían beneficiado a 22 empresas bajo una entrega direccionada. Esto ya ha dado pie a procesos fiscales, disciplinarios y penales.
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Ello ha dado lugar a procesos con 16 imputados, entre los que están Villada, los exgerentes de Metroparques Jorge Liévano y María Eugenia Domínguez, lo mismo que la exdirectora del Inder, Diana Toro.
Dentro de otro proceso, el relativo a la presunta contratación ilegal con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por casi $18.000 millones, la primera semana de octubre fueron capturados Misael Cadavid y Elkin González, exgerente y exjefe de la agrupación de socorro, así como María Yaneth Rúa, funcionaria del Área.
Testimonios también indican que Cadavid habría estado presente en otro “negociado” para entregar la entrega de una especie de “franquicia” en la que la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa se entregara a dedo a cambio de una coima de 8 millones de dólares.
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