Arrancó el juicio oral por uno de los casos de corrupción más conocidos durante la alcaldía de Daniel Quintero: el famoso contrato para mantenimiento de zonas verdes que las dejó en un profundo deterioro agravando la crisis de espacio público, y que de paso reveló un entramado mayor de presunto direccionamiento en contrataciones con los que habrían esfumado miles de millones del erario de la capital antioqueña.
La audiencia de este martes 18 de noviembre fue expedita, pero sirvió para que la Fiscalía General de la Nación expusiera los pilares fundamentales en los que sustenta la imputación de delitos con la que espera que la justicia acuse y condene a la exsecretaria de Infraestructura Física de Medellín, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Liévano; y a la representante legal de la Reforestadora El Líbano, Luz Henao.
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“Se probará que los bienes y servicios que finalmente se contrataron no resultaron ser la propuesta más favorable para los fines estatales, comparados con los contratos previos y simultáneos, que no solo se ocuparon de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, sino además tuvieron un componente de ciencia y tecnología enfocada a investigación y mejoramiento de las zonas como estrategia”, expuso la Fiscalía en la audiencia.
Hay que recordar que Urrego, Liévano y Henao deben responder por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública; en la adjudicación de un contrato para la atención de las zonas verdes.
Entre lo que reiteró la Fiscalía como parte del caso, se conoció que en 2020 Metroparques —cuyo gerente en ese momento era Liévano— hizo invitaciones privadas a tres empresas de la familia Henao, ligados a la Reforestadora El Líbano, (Construgeo SAS y MasCampo, en cuyos registros mercantiles aparecen los nombres de la esposa, la cuñada y los hijos del también líder liberal de Andes, Asdrúbal Vélez), para adjudicar un contrato en convenio con la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. La Fiscalía dice tener pruebas que corroboran que el presunto direccionamiento habría ocurrido bajo el visto bueno de Henao, Liévano y Urrego así como la proximidad en términos de amistad y de afinidad política entre la familia Henao, varios políticos liberales del Suroeste antioqueño y Daniel Quintero. Cabe recordar que el jefe de esta familia política era Asdrubal Vélez, comerciante y político liberal asesinado en marzo de 2024 en medio de un presunto hurto. Vélez era hermano del actual alcalde de Andes y su hijo es concejal de dicho municipio por la misma colectividad.
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Estos hechos, que según la Fiscalía tienen como ser probados, habrían sido determinantes para realizar el acto ilícito en medio del convenio que superó los $5.000 millones y que dejó las zonas verdes de la ciudad al garete. Precisamente la alcaldía de Medellín señaló que cierra el año con una inversión cercana a los $40.000 millones para poder recuperar de ese desastre las zonas verdes de la ciudad con el trabajo de 600 jardineros, entre profesionales y técnicos.
Tanto Liévano como Henao y Urrego se declararon inocentes ante el juez 10 penal de Medellín. Su defensa coincidió en que la Fiscalía no tiene los soportes suficientes para determinar ante la justicia, más allá de duda razonable, que hubo un premeditado interés de los involucrados en emplear sus puestos de privilegio como funcionarios públicos para direccionar el polémico contrato.
Pero será el próximo 26 de enero, fecha en la que quedó fijada la próxima audiencia, que esta vez será presencial, cuando la Fiscalía presentará las pruebas tanto documentales como testimonios con las que espera exponer la responsabilidad de los dos exfuncionarios de Quintero y la representante legal de la firma involucrada. Este caso ya tuvo sus primeras consecuencias. En agosto de 2025, tanto Liévano como Urrego fueron destituidos e inhabilitados por nueve años por la Procuraduría en el marco de esta investigación, en la que son señalados de, presuntamente, ampliar, sin justificación alguna, un contrato que tenía por objeto la conservación de los mencionados jardines.
El del contrato por zonas verdes es uno de los siete casos con incidencia penal con avances significativos. En total, de la totalidad de escándalo que dejó la administración de Daniel Quintero, hay por lo menos 25 casos de relevancia para la Fiscalía, sin contar los procesos que adelantan otros organismos de control como la Contraloría y Procuraduría.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿De qué se acusaba a Liévano y Urrego en el contrato de zonas verdes?
- La Fiscalía los imputó por contratación sin requisitos legales y por favorecer empresas vinculadas a un mismo núcleo familiar.
- ¿Qué sanción les impuso la Procuraduría?
- Fueron destituidos e inhabilitados por 9 años por ampliar sin justificación un contrato de mantenimiento de zonas verdes.
- ¿Cuál es el estado actual del proceso penal?
- El juicio continúa. Ellos no aceptaron los cargos y el caso sigue en etapa de presentación de pruebas y alegatos.
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