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Procuraduría formula pliego de cargos a exsecretaria Agudelo por Buen Comienzo
La Procuraduría encontró evidencia para procesar disciplinariamente a dos cuotas del alcalde Quintero, su exsecretaria de Educación y Vivian Puerta, hoy directora de la Fundación EPM, por irregularidades en contratos de alimentación de los niños.
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Alexandra Agudelo ejerció como secretaria de Educación de Medellín entre enero de 2020 y febrero de 2023, cuando inició el juicio en su contra. FOTO Carlos Velásquez
01 de mayo de 2023
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La que fuera secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, que se vio obligada a renunciar cuando la Fiscalía le abrió una investigación, quedó ahora enredada en un nuevo proceso por cuenta del cuestionado contrato de alimentación firmado con la corporación Colombia Avanza para la alimentación de las mujeres gestantes y madres lactantes del programa Buen Comienzo.
Se trata de un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación, que encontró evidencia suficiente para formular cargos contra la exfuncionaria, por presuntas irregularidades en ese contrato.
En el auto proferido por la Procuraduría, el viernes 28 de abril, que aparece firmado por la directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Mercedes Vidal Luque, se señala a Agudelo de cometer una “falta gravísima” por haber transgredido los principios de objetividad y transparencia durante la estructuración y la firma de ese contrato.
Por ese mismo contrato, la ex funcionaria también está respondiendo ante un juzgado de Medellín, donde la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Vale recordar que Agudelo enfrenta otra investigación que asumió la Contraloría General de la República por los mismos hechos, que le fue quitada de las manos a la Contraloría de Medellín, que a comienzos de este año estuvo apunto de engavetar el caso y hoy arrastra indicios de haberlo manejado faltando a la imparcialidad (leer Paréntesis).
Las claves del caso
Según el auto de la Procuraduría, la primera denuncia que llegó fue interpuesta por la Veeduría Todos por Medellín el 13 de octubre de 2021. En ese entonces, el caso fue asumido por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, pero luego fue cerrado cuando se vencieron sus términos el 1 de marzo de 2022
Pese a ese vencimiento, la Procuraduría General, desde Bogotá, consideró en su decisión del viernes que la exsecretaria de Educación (que estuvo activa en su cargo entre el 16 de enero de 2020 hasta el 21 de febrero de 2023), habría cometido una falta al avalar que ese contrato firmado con Colombia Avanza se hiciera de forma directa y no en una convocatoria abierta.
Además de Agudelo, otras funcionarias que aparecen en las pesquisas de la Procuraduría son Lina María Gil Zapata, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como directora técnica de Buen Comienzo; y Vivian Cecilia Puerta, para entonces directora administrativa de Buen Comienzo y que después aterrizó en la dirección de la Fundación EPM.
“La investigada presuntamente inobservó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, (...) al poder haber desconocido la regla general de la contratación pública consistente en que la celebración y suscripción de todo contrato debe estar precedido de convocatoria pública”, consideró la Procuraduría.
“Lo anterior, sin perjuicio de que los beneficiarios del Programa Buen Comienzo no contaron con la posibilidad de acceder a bienes y servicios de mejor calidad, lo cual hubiese sido posible si el proceso de contratación se hubiera adelantado mediante la modalidad de concurso público con pluralidad de ofertas”, añadió el ente.
Según la investigación, la principal falla de la secretaría estaría asociada a la forma en cómo justificó que la contratación con Colombia Avanza tenía que realizarse de forma directa. Mientras la Alcaldía consideró que por ser un contrato “prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión” no era necesario abrir una convocatoria pública, la Procuraduría consideró que el alcance del contrato era mucho más amplio y tenía que haberse lanzando en una licitación pública.
Pese a que el pasado 10 de abril uno de los abogados de Agudelo pidió desestimar el caso, aduciendo que no se habría transgredido ninguna norma, la Procuraduría consideró insuficiente su argumentación y decidió formular pliego de cargos.
“En el caso concreto se encuentra objetivamente demostrada la falta y en el plenario obran pruebas suficientes que comprometen la responsabilidad de la investigada”, quedó consignado en la parte resolutoria del auto.
Con esta decisión, el caso de Agudelo pasará ahora a una etapa en la que la Procuraduría decidirá si impone sanciones disciplinarias en su contra, que, entre otras, podrían incluso traducirse en inhabilidades para ejercer cargos públicos en el futuro.
Así las cosas, ya son tres los entes de control que tienen la lupa puesta en el cuestionado contrato entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza, que tres años después de firmado continúa sacando a flote inconsistencias que la Alcaldía insiste en negar.
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