En las últimas semanas Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha estado en el centro de una polémica, después de que se conociera una reforma en su organigrama que daría lugar a la creación de una nueva filial, un centro de servicios globales, que unificaría buena parte de las dependencias y funciones administrativas de las 47 empresas que tiene el grupo empresarial, desde México hasta Chile.
Aunque la compañía viene trabajando en la reforma desde el año pasado, el tema apenas se puso en la agenda pública hace un par de semanas, cuando el exalcalde Daniel Quintero difundió por redes sociales un fragmento de un acta de junta directiva del pasado 2 de septiembre en el que se lee que dicho órgano “aprobó los ajustes a la estructura organizacional”.
Los ajustes, según se lee en el corto fragmento del documento, consisten en transformar la Subgerencia de Centro de Servicios Compartidos, en un GBS (Centro de Negocios Globales, por sus siglas en inglés), “que nos permita brindar servicios integrales de principio a fin en todas las empresas del Grupo EPM, a través de una filial que opere como un socio estratégico del grupo”.
Quintero aprovechó la poca información que tenía la opinión pública sobre este tema y la casi nula pedagogía que había hecho EPM para mentir: dijo que se trataba del inicio de una privatización, que se iba a crear en el exterior, que por ende iba a eludir a los organismos de control locales y que los trabajadores pasarían de ser funcionarios públicos a particulares.
Ese modelo de GBS es utilizado actualmente por empresas colombianas como Grupo Argos, Grupo Nutresa, Organización Corona, Grupo de Energía de Bogotá y Grupo Aval.
Sin embargo, sindicatos, veedurías y ciudadanos prendieron las alarmas. Incluso, la Veeduría Todos por Medellín alertó que crear una filial en el extranjero dificultaría el ejercicio de control social y “podría reducir la transparencia sobre cómo se gestionan los recursos públicos”.
Fue entonces cuando la empresa y sus dirigentes salieron a desmentir y a explicar al detalle de qué era que se trataba la reforma.
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La empresa ha explicado que desde mayo pasado, en el marco de una “Evolución Organizacional”, la estructura del Grupo empresarial se ha dividido en dos grandes bloques o núcleos: uno “Corporativo” y otro “Ejecutor”. El primero, se dedica al direccionamiento estratégico y al control de las 47 empresas que conforman el Grupo EPM. Su misión es generar un marco de referencia y políticas unificadas para todo el grupo empresarial. Dentro de este bloque es que se crearía la nueva filial de Servicios Globales.
El segundo núcleo, el ejecutor, se enfoca directamente en la prestación de servicios públicos en Medellín y la región, asegurando la eficiencia, la calidad y una mejor atención al cliente. El objetivo es crear una cara única al cliente, de modo que un usuario pueda resolver trámites de agua, energía o gas a través de una sola dependencia y no por separado.
Esta reestructuración administrativa también ha implicado una reducción en la jerarquía, disminuyendo los cargos directivos de 247 a 206, lo que acorta las líneas de reporte y promueve el talento interno, pues permitió ascender a 45 profesionales a cargos directivos y 21 jefes a cargos de mayor nivel.
El gerente John Maya Salazar fue enfático al asegurar que EPM no se va a privatizar: “EPM es y será siendo 100% pública”. El propósito de estos cambios, según la compañía, es fortalecer sus capacidades y lograr una “mayor eficiencia operativa y un enfoque digital consolidado” mediante la unificación de procesos que actualmente están fragmentados en distintas áreas.
El objetivo, aseguran, es optimizar los procesos “de punta a punta” para generar eficiencias y menores costos.
En cuanto al rumor de la creación de una filial en el exterior, EPM aclaró que la afirmación de que esto se haría para “evadir el control de las entidades de Contraloría, Procuraduría” es falsa.
En primer lugar porque si bien se ha contemplado la posibilidad de crear una nueva filial GBS, la Junta Directiva todavía no ha aprobado esa creación de esa nueva empresa aún.
Y la segunda es porque aunque en la fase de estudios contemplaron que la sede de esta eventual nueva filial quedara en un país extranjero como Costa Rica, que se ha convertido en un referente mundial en este tipo de servicios, finalmente determinaron que el lugar idóneo era Medellín. Así que también descartan que esta tenga sede en el extranjero.
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El Gerente subrayó que si se llegara a constituir una filial, esta “estará exactamente bajo las mismas parámetros condiciones y reglamentaciones que tiene EPM”.
Otro punto de gran tensión ha sido el impacto laboral, pues circuló la versión de que la reorganización conllevaría el despido de unas 450 personas. Maya también desmintió esta versión, indicando que la nueva Subgerencia Servicios Globales estará conformada por 450 personas (178 del actual CSC más 272 que provienen de otras dependencias). EPM explicó que el personal que se traslada dentro de la misma EPM servirá para compensar las necesidades futuras de la organización, que proyecta requerir entre 400 y 500 personas en los próximos años por jubilaciones o nuevos proyectos. Por lo tanto, el personal “pasarán nuevamente a los negocios de EPM o a las distintas dependencias”. La empresa aseguró que sus condiciones laborales, nómina y beneficios seguirán siendo “absolutamente iguales”.
Finalmente, el Gerente General hizo un llamado a la mesura, pidiendo que, especialmente en las contiendas políticas, no se tome a EPM como “un caballito de batalla para estos debates políticos”, sino que se le vea como una empresa apolítica enfocada en la calidad del servicio y el bienestar de sus clientes usuarios.
El diseño de este nuevo modelo GBS, que se espera esté en operación antes del 7 de noviembre de 2025, fue realizado por consultoras de alto nivel, como el Boston Consulting Group en 2023 y McKinsey en 2025, para estandarizar procesos y garantizar la sostenibilidad de la organización.
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