El metrocable de Picacho, que beneficiará a unas 160 mil personas en comunas de Medellín y la pavimentación de 15 tramos de red secundaria fueron priorizados dentro de los 307 mil millones de pesos asignados a Antioquia por la venta de Isagén.
Así lo dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, luego de la audiencia pública que sostuvo el pasado viernes con los alcaldes de los 17 municipios con influencia de la empresa de origen estatal, y a la que también asistieron senadores y funcionarios del sector transporte y vivienda.
La distribución se realizó de acuerdo con la instalación de megavatios, en que Antioquia abarca la mayor proporción: un 47,36 %, que en un 50 % se destina a los municipios y en igual porcentaje a la Gobernación, que incluye a otras entidades por fuera de las 17 mencionadas (ver paréntesis).
Así mismo, durante el encuentro, la Gobernación de Antioquia presentó los proyectos que lideró de 15 municipios, a parte de los suyos, mientras que Santo Domingo y San Carlos lo hicieron de forma independiente. En el caso del último, pidió que consideraran la propuesta de construcción de 240 viviendas, vías terciarias y acueducto.
“Pues aportamos un porcetaje considerable de la energía del país y sufrimos la violencia por el proyecto de hidroeléctrica instalado en los años 80”, puntualizó la alcaldesa de ese municipio, Luz Marín Daza.
Fortalecer infraestructura y tener impacto regional fueron los requisitos enunciados por la cartera de Hacienda.
Por otro lado, para cumplir con el cierre del metrocable de Picacho la Gobernación aportó 25 mil millones de pesos, y otros 25 mil el Gobierno.
Mientras que de 240 mil millones de pesos (36,94 %) será el desembolso para Santander, de 84 mil millones para Caldas (13,06 %) y de y 17 mil millones para Tolima (2,64 %). De esa forma, los recursos que se girarán totalizan 650 mil millones de pesos, un 10 % del total de la venta de Isagén (6,4 billones de pesos).
Finalmente, señaló Cárdenas que no se ha definido si la ejecución se hará desde la Nación, los departamentos o los municipios. Esta deberá realizarse antes de que entre en vigencia la ley de garantías, el 11 de noviembre. Sin embargo, aseguran que se ha avanzado en los estudios de viabilidad.
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