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El Ministerio de Minas y Energía anunció que para julio los usuarios también podrán diferir sus obligaciones en energía y gas, lo hizo a través de un comunicado de prensa.
Quienes viven en estratos 1 y 2 podrán hacerlo hasta 36 meses y 3 y 4 por un tiempo no mayor a 24 meses. De acuerdo con la entidad, esta es “una extensión de la que se fijó al inició de la emergencia por la pandemia de la covid-19 a través del Decreto 517 de 2020”.
“Desde el primer momento de la emergencia nuestra prioridad ha sido asegurar el servicio de energía y gas para los hogares colombianos y sectores clave como la salud y el transporte. En este sentido, hemos generado alivios para los usuarios y alternativas para la liquidez de las empresas, medidas que recientemente fueron avaladas por la Corte Constitucional”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en el texto oficial.
En el mismo sentido anunció que las compañías de estos segmentos podrán solicitar créditos para soportar el financiamiento de esta medida de alivio para los usuarios, debido a que la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) otorgará créditos directos para estos beneficios en estratos 1 y 2 y sostuvo que el Gobierno Nacional habilitará líneas de liquidez para soportar esta alternativa en los estratos 3 y 4.
En este momento, al menos 12 millones de familias acceden a subsidios de energía eléctrica: “En el estrato 1 este beneficio cubre un 60% del consumo de subsistencia, un 50% para el estrato 2 y un 15% del consumo de subsistencia para estrato 3”, afirmó la comunicación oficial.
En temas de gas, las ayudas llegan a un 60% en el estrato 1, y para el estrato dos, de 50%.
Según le dijo la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, a EL COLOMBIANO, “La gente de lo que más se ha quejado a nivel nacional ha sido por la facturación del consumo”, teniendo en cuenta que entre marzo y junio, las inquietudes llegaron a 89.923, y frente al mismo periodo del año pasado, el aumento fue de 12,3 %, desde 80.041.
A junio la Superservicios había sancionado a empresas por al menos 55.153 millones de pesos, 39.824 millones en energía y gas por procesos iniciados entre 2016-2019, debido a fallas en calidad y prestación, normas y subsidios. entre otros .