Expertos en esquemas pensionales y mercado laboral, desde nobeles de Economía hasta investigadores de reputados institutos internacionales y organismos multilaterales que ha entrevistado este diario en los últimos años, sin excepción, se sorprenden con los serios problemas del sistema pensional colombiano y, más aún, de que no se haga una reforma legal para solucionarlos.
No les parece nada lógico que el régimen público de Prima Media (RPM), a valores presentes, entregue un subsidio de unos 120 millones de pesos al trabajador que por 25 años (1.300 semanas) cotizó sobre un salario mínimo, mientras a uno que cotiza sobre el máximo legal, un sueldo de 25 salarios (18,44 millones de pesos, en 2017), el Estado le reconozca un beneficio que supera los 800 millones de pesos.
También abren los ojos cuando se enteran de que el Gobierno destina más plata del Presupuesto General de la Nación a pagar las pensiones de unos dos millones de pensionados que a la educación de 8 millones de estudiantes. De hecho, para este año debió destinar 38,24 billones de pesos, de los cuales 11 billones son para las mesadas que paga Colpensiones a 1,25 millones de jubilados.
También les inquieta la baja tasa de cotización en un mercado laboral altamente informal: de 21,76 millones de ocupados que había a marzo pasado, solo 8 millones (36,9 %) aportaron a pensión, según el Dane.
De hecho, en el régimen privado de Ahorro Individual (Rais), que administran Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual (AFP), a marzo había 14,27 millones de afiliados, pero solo 7,62 millones eran cotizantes activos, es decir, que hicieron al menos un aporte en los últimos seis meses, lo que equivale al 53,41 %, según cifras de la Superintendencia Financiera.
Por ese tipo de evidencias de alta inequidad, lastre fiscal y baja cobertura es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se une al coro de voces internacionales, desde el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reiteran que al país le urge una reforma pensional.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, en la clausura del último congreso anual de Asofondos, gremio de las AFP, anunció que se creará una comisión de expertos para analizar una reforma pensional, sin precisar para cuándo: “Este país sí requiere una reforma pensional. No creo que este Gobierno alcance a aprobarla”, reconoció.
En palabras de Carmen Pagés-Serra, jefe de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, tal reforma es “esencial e impostergable”, como lo señaló en su paso reciente por el país y en diálogo con EL COLOMBIANO:
¿Falta más voluntad del Gobierno para reformar el sistema pensional?
“Mi sensación es que Colombia ha trascendido su sistema de pensiones, ya no se merece el que tiene, que es demasiado malo. Así que necesita uno mejor, si aspira a convertirse en un país de clases medias prósperas y seguras, debe superar este tipo de obstáculos que impiden esa transición”.
¿Cuáles son las razones para que la reforma sea impostergable”?
“Cualquier persona que apunta a tener una pensión en su vejez debe entender que se necesita un sistema que mejore los propósitos de la sociedad colombiana: amplia cobertura, una razonable tasa de reemplazo (ver Glosario) y que no suponga una bancarrota para el país. Gasta más en pagar pocas pensiones que en salud o educación. Cada persona que ingresa hoy al régimen público es que como si llegara con un déficit debajo del brazo que pone a los pies de la sociedad colombiana, que cada día asume una deuda mayor y a eso hay que hacerle frente. Es una ironía: se habla de aumentar cobertura, pero si eso pasa, sube el déficit y no habrá cómo financiar esas futuras pensiones.”
Pero si la solución es tan clara, ¿por qué considera que el Gobierno sigue postergándola?
“Creo que la sociedad civil debe reconocer que es parte de una solución que no está en obviar el problema (...), debe prestar más atención y movilizarse en generar ese diálogo que pueda ser recogido por el Gobierno que venga. Cualquier esfuerzo que aglutine ideas diferentes es la clave, tanto de trabajadores, empresas, sector judicial y el mismo Gobierno”.
Se refiere a que debe ser prioridad para quien sea el siguiente presidente...
“Efectivamente, el tema pensional debe ser una prioridad en Colombia y por eso unas reformas de fondo para mejorar el sistema actual debe estar en la agenda del próximo Gobierno. Una sociedad con alta informalidad laboral, difícilmente podrá tener una economía próspera. A lo que debe apostar un nuevo gobierno es a políticas de productividad y a mejores políticas de protección social”.
Estos ajustes pensionales pasan por una negociación política difícil en el Congreso y que el actual Gobierno no ha dado. ¿Qué pasos deben darse para dar viabilidad a la reforma?
“El tema pensional no es de un gobierno, es un tema de Estado. Se debe establecer un diálogo franco entre distintas entidades colombianas, públicas y privadas, para definir una visión objetivo de hacia dónde quiere marchar el país en esta materia. Se trata de construir un pacto amplio que trascienda la voluntad de un gobierno”.
¿En qué consistiría ese pacto que propone?
“El país debería detenerse a repensar y lograr un acuerdo amplio de sociedad sobre qué tipo de sistema pensional quiere tener, qué tipo de garantías se quieren dar a los que aportan y a los que se jubilan. Ese es el primer paso de un proceso maduro y razonable hacia una reforma que se necesita para superar el desbalance. Colombia aún está a tiempo de revertir la situación de una manera que no sea desastrosa, pero cada día que pasa y no lo hace, la deuda es mayor con la sociedad. Es momento de recomponer la casa y hacerlo de una manera que deje a todos tranquilos”.
Eso sí que resulta complejo en un tema sensible y que toca muchos intereses...
“No solo debe haber una reforma pensional, sino una discusión amplia en la sociedad colombiana frente a sus expectativas, aspiraciones y reparos y ver cómo se traducen en un proyecto de ajuste que sea legitimado por una amplia base”.
En ese sentido, Asofondos plantea la necesidad de cerrar el ingreso a nuevos afiliados al régimen de Prima Media y fortalecer el pilar solidario del programa de subsidios Colombia Mayor, ¿ve viable esa propuesta?
“Me parece una propuesta interesante, pero eso debe responderlo la sociedad colombiana al definir las soluciones más convenientes. En todo caso, desde el BID velaremos para que se apunte a un sistema de pensiones que sea más equitativo, sostenible y aumente la cobertura frente al que opera hoy”.
Finalmente, ¿también se deben hacer ajustes en el régimen privado (Rais)?
“El Rais tiene problemas en la parte de desacumulación del ahorro, pues la mayoría de personas que se pensionan por vejez en ese régimen están en retiro programado: van sacando su plata cada mes hasta que se les acabe y no hay garantía de que tengan un ingreso posterior que cubra lo que pueden llegar a vivir. Así que parte de la solución pasa por dar garantías a las aseguradoras sobre el contrato de renta vitalicia como modalidad de retiro laboral (ver Glosario). Si eso no pasa, el régimen privado solo sirve para ahorrar, no para efectivamente pensionar. Si se logra una mejor base de rentas vitalicias, puede ser una buena opción como régimen contributivo del sistema, al tiempo que se extiende la cobertura solidaria Colombia Mayor”.
Pero hoy ese programa está supeditado a las limitaciones fiscales, mientras quienes más reciben mesadas son subsidiados en el régimen público...
“Si se pudiera reorientar la política de subsidios, esa plata podría dirigirse a ampliar Colombia Mayor, como una base antipobreza, eso sí, dotándole de garantías, de manera que su costo sea manejable en el tiempo, a medida que aumentarán en el país las personas que llegan a la vejez” .
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