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Entre la realidad y los sueños del sector solidario
Se estudia un pacto para crear una política pública que promueva las cooperativas.
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ilustración SARA TOMATE
Al cierre de 2018, los asociados a 3.205 cooperativas del país fueron 6,3 millones (13 % de la población), generando un impacto indirecto a nivel familiar en 19 millones de personas (39 %). Los servicios cooperativos llegan a los 32 departamentos, el 65 % de las cooperativas se encuentran en 20 ciudades capitales y el 35 % en 477 municipios, trabajando en por lo menos 25 áreas de la economía como servicios financieros, sector agropecuario y comercialización y consumo.
El sector presentó activos por $44 billones, ingresos por $28 billones y un patrimonio social de $16 billones, según la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop.
Para que el sector se siga consolidando, Confecoop le ha propuesto al Gobierno nacional un Pacto por la Economía Cooperativa y Solidaria encaminado a construir una política pública que lo promueva. El pacto tiene ocho estrategias y 41 acciones. Busca expedir un documento Conpes que materialice los lineamientos de política pública contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y promover la definición de políticas públicas para el fomento de las cooperativas en los planes de desarrollo departamental y municipal. En lo normativo, propone que las cooperativas vuelvan a tener exención del impuesto de renta para que puedan manejar el 20 % de los excedentes cooperativos en cupos y programas de educación formal y conservar la exoneración de aportes parafiscales de las cooperativas por su aporte a la formalización y creación de puestos de trabajo. También plantea suprimir barreras de acceso y obstáculos normativos o administrativos que restringen la participación en diversos ámbitos del desarrollo productivo o la prestación de bienes y servicios en condiciones similares a las de otros actores económicos.
Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y Financieras, Fecolfín, manifestó que “para créditos de vivienda, se ha dispuesto mediante resoluciones un incentivo o subsidio a la tasa de interés, pero esto no se ha aplicado para las cooperativas financieras, y de ahorro y crédito. Además, las cooperativas agropecuarias no reciben, como otras entidades, recursos del Estado para colocarlos en zonas rurales”.
Por su parte, Luis Fernando Gómez, director ejecutivo de Confecoop Antioquia, anotó que las cooperativas deben tener más acceso a recursos del Gobierno nacional, departamental y municipal, e, igualmente, a los de la banca de segundo piso.
El pacto está en etapa de análisis por el Gobierno nacional, luego se harán mesas de trabajo entre este y el gremio. Se espera que al finalizar octubre el trabajo de las mesas haya terminado para que antes del cierre de 2019, se hayan diseñado instrumentos puntuales y que en el primer trimestre de 2020, se establezca la política pública que debe ser ejecutada en cuatro años.
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