En medio del análisis que la Corte Constitucional hace sobre el decreto presidencial de emergencia económica, los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo y Jorge Iván González, enviaron conceptos técnicos afirmando que esta es injustificada.
Para el exministro de Hacienda Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional, González, el Decreto 1390 de 2025, que contiene la declaratoria de emergencia económica, no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia.
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Ambos economistas que fueron parte del gabinete coincidieron en que los motivos invocados por el Ejecutivo para justificar la emergencia no surgieron de manera repentina, sino que corresponden a desequilibrios estructurales que han sido advertidos durante años en debates presupuestales, marcos fiscales de mediano plazo e informes de organismos de control.
Con el fin de justificar sus conceptos ante la Corte, Jorge Iván González presentó una evaluación detallada de las ocho razones presentadas por el Gobierno, concluyendo que ninguna constituye un hecho sobreviniente.
En el listado de esas razones, González resaltó que, en el caso de la salud, el déficit de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es un problema antiguo y ampliamente discutido.
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Para otro de los puntos de justificación de la emergencia, que es la seguridad, el exdirector del DNP explicó que el incremento de la violencia ha sido progresivo y ya estaba diagnosticado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En cuanto a la crisis fiscal, el economista recordó que las dificultades financieras fueron advertidas tras el fracaso de intentos previos de reforma tributaria y por alertas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el FMI.
En su análisis, González concluyó que situaciones como desastres naturales, sentencias judiciales pendientes y restricciones de caja son riesgos normales del proceso presupuestal y de planeación fiscal.
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